La violencia contra los defensores de derechos humanos no se detiene. Transcurridos apenas 45 días de este 2019 han sido asesinados cinco activistas en el país (tres en Chiapas y dos en Oaxaca) y dos más se encuentran desaparecidos en Guerrero.

Sumado a ello, la representación en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) registró que en 2018 se perpetraron 13 homicidios en el gremio y la desaparición de dos más.

El caso más reciente es el de Obtilia Eugenio Manuel, dirigente de la Organización del Pueblo Indígena Me’Pa en Guerrero y actual integrante del concejo municipal de Ayutla de los Libres, y de su compañero Hilario Cornelio Castro, quienes fueron desaparecidos la mañana del martes pasado en el trayecto carretero Tierra Colorada-Ocotito, mientras se dirigían a Chilpancingo, capital del estado.

Ante este hecho, las casi 100 organizaciones que integran el Espacio OSC y las que lo acompañan, entre ellas Amnistía Internacional México, demandaron a las autoridades federales y estatales “realizar las acciones de búsqueda inmediata (…) para movilizar las fuerzas de seguridad a la zona, a fin de garantizar su presentación con vida”.

Información de la ONU-DH muestra que en lo que va de este año se han cometido cinco asesinatos de activistas. El 3 de enero fue ultimado Sinar Corzo, integrante del Comité Ciudadano El Coloso de Piedra, en Arriaga, Chiapas; en Amatán, también municipio de ese estado, el 19 de enero se reportó el crimen de José Santiago Álvarez y Noé Jiménez Pablo, del Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común –Jiménez estaba acogido al Mecanismo de Protección a Defensores y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.

El 21 de enero de este año también mataron al líder comunero Bernardino García Hernández, en Zimatlán de Lázaro Cárdenas, Oaxaca, y el 9 de febrero, en Juchitán, a Óscar Cazorla, defensor de los derechos de la comunidad muxe.

Por su parte, un grupo de organizaciones internacionales instó a la administración mexicana a incluir como tema central en la agenda de derechos humanos el desarrollo de una política de Estado que ponga fin a la criminalización de las personas defensoras en México.

En una declaración conjunta, organismos mundiales celebraron la liberación –en diciembre pasado– de Damián Gallardo y Enrique Guerrero, activistas de derechos humanos que se encontraban presos de manera arbitraria desde mayo de 2013 y habían sido víctimas de reiteradas violaciones a sus derechos humanos desde su detención.