San Cristóbal de Las Casas, Chis., El Comité de Desplazados de Chalchihuitán exigió a los tres niveles de gobierno que reparen los daños económicos y morales ocasionados a más de 5 mil personas que estuvieron desplazadas en 2017 y 2018, así como el desarme y desarticulación de un grupo armado que opera en Chenalhó y participa en un conflicto por límites territoriales.

Representantes del comité, llamado Chalchihuite, aseguraron en una conferencia de prensa realizada en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) que ninguna autoridad se ha comprometido a repararnos los daños en casas, cosechas, animales y herramientas.

Demandaron que se otorgue pensión para Elicia Gómez García, esposa de Samuel Luna Girón, asesinado a balazos por vecinos de Chenalhó en octubre de 2017, lo que originó el desplazamiento de más de 5 mil pobladores de nueve comunidades de Chalchihuitán en la zona en disputa.

Continúa el miedo porque los grupos armados de corte paramilitar de Chenalhó siguen activos. Muchas personas no pueden ir a trabajar por los disparos y el despojo de sus parcelas, agregaron.

Manifestaron que mujeres de Chenalhó casadas con hombres de Chalchihuitán sufren discriminación y no las dejan visitar a sus familiares.

En especial pidieron a las autoridades que atiendan el caso de 10 familias expulsadas el 8 de enero pasado de la comunidad Cruz Kakana por las autoridades de ese lugar, quienes las obligaron a regresar a sus casas en la zona de riesgo.

En la conferencia el Frayba, el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, Maderas del Pueblo del Sureste y Semilla del Sur, acompañantes de los desplazados de Chalchihuitán, exigieron que se cumpla la recomendación 87/2018 emitida por la CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos) en favor las 5 mil 266 personas expulsadas de nueve comunidades de Chalchihuitán y una de Chenalhó.

También instaron al Estado mexicano a que “cumpla con la medida cautelar 882/17, emitida por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos el 24 de febrero de 2018, ‘para garantizar los derechos de integrantes de pueblos originarios en situación de riesgo a la vida, la seguridad y la integridad personal, por agresiones, hostigamiento y amenazas de personas armadas’”.

Aseguraron que “las víctimas de desplazamiento forzado en Chalchihuitán se encuentran en constante vulnerabilidad por privación de derechos básicos, especialmente a la alimentación y la salud, por omisión del Estado al no propiciar atención integral adecuada acorde con la pertenencia cultural. La recomendación de la CNDH manifiesta que la atención otorgada fue ‘insuficiente, inoportuna e inadecuada’”.

Acotaron que a lo anterior se suma el hostigamiento del síndico municipal de Chalchihuitán, Hermelindo García Núñez, a quienes forman parte del comité de representantes, con amenazas a su vida y condicionamiento de apoyos de gobierno a que las víctimas de desplazamiento forzado dejen la organización y desistan de sus exigencias.