Guadalajara, Jal., Al cumplirse 11 años de la muerte por envenenamiento con arsénico de Miguel Ángel López Rocha, quien hoy tendría 19 años si no hubiera caído al río Santiago en el municipio de El Salto, activistas y diversas organizaciones entregaron una carta al gobierno de Jalisco para exigir medidas reales y consensuadas a fin de remediar la grave contaminación del cauce y atender a cientos de enfermos del riñón y de cáncer que viven en las márgenes del río.

El 26 de enero de 2008, cuando tenía ocho años, Miguel Ángel cayó en el río Santiago. Cuando su familia lo internó en el hospital, presentaba vómitos, diarrea, fiebre, alucinaciones y convulsiones. Luego entró en un coma que duró 19 días y terminó con su muerte, el 13 de febrero de 2008.

Es trágico. Once años después la situación ha empeorado. No ha habido justicia ni reparación integral del daño, pero lo más grave es que los gobiernos federal y de Jalisco no han reconocido que en esa región se vive un problema de salud pública, y por ello no se han aplicado medidas de remediación”, dijo María González Valencia, del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (Imdec), una de los organizaciones que acudió a la plaza de armas para el memorial de Miguel Ángel.

Raúl Muñoz, del Comité de Defensa Ambiental de El Salto y quien a raíz de la muerte de Miguel Ángel comenzó a recabar información de enfermos y víctimas mortales de la contaminación en el río y el Canal del Ahogado, recordó que en 2014, en vísperas del aniversario luctuoso del niño, el entonces gobernador priísta Aristóteles Sandoval entregó entre 150 mil y 200 mil pesos a las familiares para que no insistieran en sus reclamos.

Por debajo de la mesa y por medio de Salvador Cosío (ex candidato por el Partido Verde Ecologista de México a la gubernatura el año pasado) les dio el dinero. Ellos firmaron el desistimiento y dejaron de presionar, recordó.

Tanto María González como Raúl Muñoz señalaron que el actual gobernador, Enrique Alfaro, anunció un programa de rescate del río Santiago, pero sólo prevé la construcción de plantas de tratamiento, sin una estrategia integral de manejo del agua y de salud pública. Tampoco toca a las fábricas instaladas en la región, a las cuales responsabilizan de contaminar el cauce con metales pesados.