Atoyac de Álvarez, Gro., Familiares y víctimas de la guerra sucia en Guerrero, ocurrida entre 1969 y 1979, exigieron a las autoridades estatales y federales dar a conocer el paradero de sus parientes desaparecidos para poner fin a un proceso de dolor que se ha prolongado casi 50 años.

Entre exigencias de justicia, al mediodía de ayer autoridades presentaron en este municipio de la Costa Grande el Plan de Atención y Reparación a las Víctimas de la Violencia Política del Pasado.

El titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Sergio Jaime Rochín del Rincón, y el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, encabezaron el acto con representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la alcaldesa de Atoyac, Yanelli Hernández Martínez.

Rochín del Rincón dijo que la represión del Estado mexicano respondió a un patrón concebido de opresión y exterminio. Ante unas 300 personas, expresó: Estamos ante ustedes para ofrecer una disculpa y una política distinta.

Sentenció que este acto y el plan de reparación representan un hecho de justicia histórica. Lo que las víctimas demandaban entonces forma parte ahora del núcleo del Estado democrático de México.

Resaltó que la propuesta presentada pretende visibilizar a quienes fueron víctimas de desaparición y dar voz a quienes lucharon en sus comunidades.

Detalló que se puso en marcha un programa piloto en el poblado de El Quemado, en este municipio, con medidas de reincorporación económica, así como la elaboración de una memoria virtual y la producción de un documental.

Rochín del Rincón subrayó que Guerrero es el estado con más desapariciones forzadas y ausencias en general. El primer caso de desaparición data de 1969, “y a partir de ahí empezaron todas las desapariciones de guerra sucia, las cuales han continuado, por desgracia, en distintos acontecimientos, hasta llegar al caso de Ayotzinapa, en septiembre de 2014”.

Al concluir el acto oficial y cuando se marcharon las autoridades, los familiares de las víctimas rememoraron lo que representó para ellos la guerra sucia en Guerrero.

Estela Arroyo Castro, relató: A mi padre, Alejandro Arroyo Cabañas, se lo llevaron en 1973 de San Vicente de Benítez. Lo regresaron, pero sufrió tortura, le dijeron que por andar con el comandante Lucio Cabañas. Durante 15 años sufrió de lagunas mentales.

Abelardo Rivera Domínguez, originario de Tecpan, señaló que desde hace más de 40 años esperan justicia. Muchos hemos visto morir a nuestros familiares.

Agregó que un medio hermano sigue desaparecido. Se trata de Leandro Gutiérrez Rivera, quien estudiaba el primer grado en la Escuela de Filosofía y Letras, en Chilpancingo. “Lo desaparecieron en San Luis Acatlán en 1976 y aún no sabemos de su paradero. Como él, hay más de 500.

Estamos pidiendo algo justo, hay un presupuesto. Necesitamos saber dónde están nuestros familiares, que nos digan: aquí están sus restos, para enterrarlos.

Nicomedes Fuentes García, ex titular de la Comisión de la Verdad en Guerrero, planteó a la CEAV en un comunicado definir un programa de atención a víctimas de la guerra sucia, con un calendario; integrar a todos los afectados a programas de apoyo en términos de la Ley de Atención a Víctimas, y que se inicie la reparación integral del daño a aquellas que tengan sus expedientes completos.