onald Tusk, presidente del Consejo Europeo, y Yanis Varoufakis, ex ministro de hacienda griego y forjador de la iniciativa política de izquierda DIEM25 (Democracy in Europe Movement 2025), sostuvieron un breve intercambio por medio digital.

El primero afirmó: “He estado preguntándome cómo será el lugar especial en el infierno para aquellos que promovieron el Brexit sin siquiera tener el bosquejo de un plan para conseguirlo de forma segura”. El segundo replicó: Probablemente sea muy similar al lugar reservado para quienes diseñaron una unión monetaria sin una unión bancaria apropiada y, una vez que la crisis estalló, transfirieron cínicamente las gigantescas pérdidas de los bancos a los hombros de los más débiles que pagan impuestos.

Este intercambio es indicativo de las grandes tensiones que se han creando y profundizado en la Unión Europa y en el mecanismo monetario del euro como moneda común.

Es sólo uno de los diversos elementos de dichas tensiones que han cobrado un creciente impulso nacionalista, populista y xenófobo en los países de la región. La situación económica se ha sostenido sin superar la crisis financiera de 2008, con una fragilidad institucional y mayor desigualdad económica en muchas de esas naciones. El proyecto de una Europa integrada política y económicamente está en una de sus etapas más bajas.

El Brexit está en el centro del conflicto como expresión de las contradicciones existentes. Los políticos británicos han mostrado durante mucho tiempo su incapacidad para formular un proyecto nacional y se han empantanado en un plan que no cuaja.

Una de las preguntas que surgen al respecto tiene que ver con las fuertes discrepancias que hay entre la ciudadanía y los políticos; esto, en términos de las voluntades que se expresan cuando se vota y los mandatos que se reciben y cómo se ejecutan en el tiempo.

Vale la pena considerar si los políticos pro Brexit siguen representando la voluntad de los votantes en el referendo de 2016 una vez que se conocen más las consecuencias adversas del proceso. Habrá que discutir cómo se estipulan las responsabilidades de los legisladores y de los responsables del gobierno. Gran Bretaña tiene un sistema parlamentario, y es ahí donde se ha sostenido la primera ministra mediante una serie de componendas partidarias.

Un proceso similar en cuanto a la representatividad y capacidad de gobernar se aprecia ahora en España. Con una derecha relanzada, un secesionismo catalán duro y manifestaciones de rompimiento en materia presupuestal ponen al borde de la caída al gobierno en funciones.

En Venezuela, el conflicto político y social escala día tras día. Las estructuras legales son endebles y la injerencia externa se amplía incluso con la avenencia de la oposición al gobierno. El sistema está roto.

¿Y los ciudadanos qué quieren? ¿Cómo expresan sus deseos y sus exigencias disímiles? ¿Cómo responden los regímenes democráticos a estas contradicciones? ¿Cuáles son las formas del autoritarismo o de apertura que prevalecen? ¿Qué sabemos y cómo lo sabemos? Me refiero a la democracia tal como existe en el siglo XXI. En esta región, los casos de Venezuela, Brasil o México muestran algunos de los puntos divergentes.

Un recorrido por el territorio político en América Latina muestra claramente la diversidad que adoptan los conflictos. La distancia entre los gobiernos y los ciudadanos crece, los grandes consensos se debilitan, las referencias comunes en la sociedad se desdibujan o son de corta duración.

Ningún gobierno debería abrogarse la representación unívoca de la voluntad o incluso de las preferencias de los ciudadanos. El acto de votar es un momento político que, para convertirse en compromiso entre quien elige y quienes gobiernan y legislan, exige referencias comunes que son, me temo, las que se han ido perdiendo.

Las sociedades no son homogéneas y no puede forzarse esa cualidad desde el Estado o el gobierno. Son las instituciones sociales y políticas, con sus inescapables imperfecciones, las que pueden provocar algún sentimiento de compromiso, incluso de lealtad, algunas referencias compartidas que hagan posible la convivencia social en el ámbito definido.