spero no ser considerado representante de alguna empresa extranjera, o ambientalista trasnochado, por opinar sobre lo dicho en la conferencia matinal del presidente López Obrador. Conozco el problema desde sus orígenes y pertenezco al equipo de trabajo que más ha estudiado y actuado sobre él. Para empezar, si bien la obra dio inicio en 2009, el proyecto data de, al menos, 1997 bajo el nombre de Transportadora de Gas Zapata. Siempre nos opusimos a él, básicamente porque su trayecto cursa sobre las faldas del volcán Popocatépetl, acreditadamente activo, uno de los cinco más peligrosos del mundo y el que propicia el mayor riesgo por el número de habitantes afectables por una erupción mayor. La peor parte del proyecto para el bienestar de la gente es que está diseñado para distribuir el gas mediante ramales durante el trayecto de 160 kilómetros, lo que propiciaría el desarrollo de zonas industriales. Todos sabemos que a las zonas industriales le siguen las zonas habitacionales; en una palabra, se propiciaría el acelerado poblamiento de regiones altamente susceptibles de recibir productos eruptivos, y, además, se afectaría severamente la capacidad de absorción de agua. Calculamos que hoy en día la Sierra Nevada abastece del líquido a más de 15 millones de personas.

En la conferencia de este viernes 8 de febrero, no se dijo una sola palabra sobre estos dos asuntos, que son los más graves; uno, solventable y el otro, no. No lo dijo ni el Presidente ni un señor de nombre Hugo Érick Flores, fundador del Partido Encuentro Social y unidelegado federal en Morelos. En 2013, la entonces senadora poblana Blanca Alcalá gestionó una reunión de expertos con el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Enrique Ochoa Reza, y los técnicos que habían diseñado la obra. Para nuestra sorpresa, el jefe de ese equipo diseñador, allí presente, era Francisco José Barnés de Castro, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estábamos expertos en materia social y los mayores conocedores del Popocatépetl en el tema geofísico, autores de los mapas de peligros de éste y otros volcanes, y estudiosos detallados del fenómeno. Aunque empezó justificando el proyecto, al final, luego de las presentaciones de los conocedores, Ochoa dijo: tienen razón, el proyecto estuvo mal diseñado, pero ya está, ¿qué podemos hacer? El equivalente al ya está que se repitió en la conferencia que menciono. En aquella, el entonces titular de CFE se comprometió a corregir los peores aspectos del diseño, pero no se hizo nada, mientras la gente que estaba presa, procesada y perseguida por los gobiernos federal y el de Moreno Valle, seguían bajo la picota.

Desde el comienzo de este gobierno, las acciones de política pública federal en materia de desastres recibieron observaciones de estudiosos especializados, advirtiendo que no se veía por ningún lado la tarea de prevención, y que se minimizaba el tema de la llamada protección civil. En la conferencia del viernes pasado quedó clara esta omisión: no tienen idea del significado del proceso que configura un desastre.

Me preguntaron: ¿se puede conciliar la conclusión de la obra del Proyecto Integral Morelos (PIM) con la solución de los riesgos que conlleva? Sí, digo, a condición de cumplir con estos requisitos: No hacer ramales de gas, usarlo únicamente en la generación de energía en Huexca; revisar en detalle el trazo del ducto, porque no se sabe a ciencia cierta cómo se encuentra y hay críticas muy consistentes de cómo fue realizado, en particular las partes relacionadas con los productos eruptivos esperados; garantizar la reacción al transportar el gas durante un evento volcánico peligroso; garantizar el cuidado del ducto en relación al robo de este combustible, muy frecuente en Puebla y Tlaxcala; revisión del sistema de enfriamiento de las termoeléctricas, prefiriendo el método seco o de agua reciclada; cuidado de otros contaminantes producidos; y, un aspecto crucial, la conciliación con los actores sociales que han participado en este proceso a lo largo de muchos años. Está pendiente el adecuado cumplimiento de la recomendación de la CNDH 3/2018, y el cumplimiento a la sentencia del juicio de amparo 402/2015 que obliga a la suspensión definitiva de la obra del gasoducto en cuatro comunidades del municipio de Atlixco, Puebla. Cosa juzgada.