A 18 trabajadores de confianza de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Durango les exigieron ayer firmar renuncias voluntarias y recibir finiquitos muy bajos. El jueves pasado les avisaron que serían dados de baja por instrucciones federales.

Uno de ellos, Florencio Rodríguez, informó que apelarán ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, debido a que no los quieren liquidar conforme a la ley. Me quieren dar 37 mil pesos y no soy personal de contrato; soy empleado desde hace más de 40 años, comentó.

Explicó que ningún trabajador firmó la renuncia y han solicitado asesoría legal para que su finiquito sea como despido. Recordó que Andrés Manuel López Obrador dijo que nadie por encima de la ley, pero aquí están cometiendo una clara injusticia.

Israel Soto Peña, titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del estado, reconoció que a la dependencia acudieron los trabajadores federales en busca de asesoría legal.

Gustavo Pedro Cortés, uno de los coordinadores en Durango del gobierno federal, aclaró que si los trabajadores de la Conagua hablan de liquidaciones fuera de la ley, la titular de esa delegación debe asumir su responsabilidad.

El gobierno federal solicitó a todas las delegaciones revisar las nóminas y tratar de reducirlas, pero la indicación fue clara: tampoco se trata de lastimar a los trabajadores ni de incumplir la ley con las liquidaciones. Las cosas se deben de hacer claras y conforme a la ley, afirmó.

En Chilpancingo, Guerrero, empleados de confianza de la Conagua protestaron ayer por la mañana fuera de las instalaciones de la dependencia en la colonia Burócratas y bloquearon la avenida Ruffo Figueroa para denunciar que 20 de ellos fueron despedidos en forma injustificada.

Encabezados por Raúl Díaz, Pedro Díaz, Alfredo Herrera, Claudia Mora y Alicia Ocampo, los trabajadores cesantes aseguraron que el viernes fueron notificados telefónicamente de su despido por el subdirector administrativo de la Conagua en Guerrero, Víctor Hugo Carvajal Cabrera.

Demandaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que intervenga y que se les ofrezca una liquidación conforme a la ley, debido a que la mayoría de los trabajadores en Atoyac, Ciudad Altamirano, San Marcos y Chilpancingo tenían entre 20 y 35 años de servicio.

Adelantaron que se manifestarán este jueves durante la visita que realizará el Presidente a Iguala. Consideraron que sus despidos fueron arbitrariios y carentes de sustento legal, además de que hubo hostigamiento laboral, pues de forma inmediata les bloquearon los equipos de cómputo con los cuales trabajaban.

Dieron a conocer que la dependencia federal solo les ofreció tres meses de liquidación y agregaron que hasta ahora no han presentado denuncias ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje porque apenas el viernes pasado les notificaron de sus despidos.