La Secretaría de Gobernación dará a conocer este viernes el nombre del titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), luego de entrevistar a los 11 inscritos en este proceso de selección.

En el bloque de ayer, los aspirantes advirtieron fallas y omisiones del Estado mexicano en los esquemas de búsqueda, tanto en vida como post mortem.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, quien la víspera presentó las directrices del plan nacional para atender la problemática, entrevistará a cada uno de los aspirantes, el jueves dará a conocer la terna de finalistas y un día después, el veredicto.

Ayer comparecieron en sesiones públicas, difundidas por Internet, Juan Granados Altamirano, Guillermo Gutiérrez Romero y María Isabel Jiménez Moles.

El primero, maestro en política criminal y derecho procesal penal de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), destacó la necesidad de respetar e identificarse con el dolor de los familiares de las víctimas. El responsable (de las desapariciones) es el Estado y es el que debe dar respuesta, dijo.

Subrayó la importancia de elevar la capacitación del personal y consideró que el esquema de investigación actual se ha agotado porque no arroja resultados claros ni finca responsabilidades a autoridades omisas o coludidas ante una desaparición.

Gutiérrez Romero propuso emitir la Alerta Amber para difundir casos tanto de menores como de adultos no localizados. Destacó la importancia de la actuación inmediata y de contratar personal con experiencia específica en la materia, no sólo “un egresado de escuelita.

Yo no he estado solamente en temas de búsqueda de personas, sino en investigaciones que nos ha llevado incluso a Bangkok, Tailandia, capital mundial de la prostitución infantil, señaló el presidente de la Fundación Nacional de Investigación de Niños Robados y Desaparecidos.

La tercera en ser entrevistada ayer fue María Isabel Jiménez Moles, catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM, experta en criminalística y autora del libro Medicina y química forense, entre otros.

La doctora en derecho hizo un recuento de las fallas en el sistema de búsqueda e identificación de personas, así como de la omisión del Estado. “Hay mucho dolor, porque sumado al dolor de la desaparición está la omisión del Estado… mientras se sigan sumando capas de dolor, mientras tengamos en este país asuntos de 20 años o más sin resolver y siga siendo líder en desapariciones forzadas y cometidas por particulares, seremos un Estado fallido”, advirtió.

Puntualizó los riesgos y la gravedad de poner el trabajo de militares y policías por encima del conocimiento científico de los peritos.

Dijo también que en un país fosado (más de mil fosas clandestinas en 26 estados del país) debería prohibirse la donación y traslado de cadáveres, incluso a facultades de medicina e institutos forenses. Entonces ¿somos surtidores (de cadáveres)? Esto no puede ser, comentó.