educido a su esencia, el propósito de la actividad económica en una sociedad es producir bienes y servicios para ser consumidos ahora o en el futuro.

La diferencia temporal es del todo relevante: significa que parte de la disponibilidad de los recursos tiene que invertirse para que el proceso no sólo pueda continuar, sino lo haga de manera ampliada para satisfacer las crecientes y cambiantes necesidades de la población hoy y después.

Es necesario, entonces, el ahorro, que consiste en la diferencia entre el ingreso y el consumo, tanto privado como público. La capacidad de ahorro en una sociedad puede asociarse con el fenómeno de la desigualdad, aunque no necesariamente las cuentas al respecto son una operación aritmética simple.

Su derivación de los métodos de la contabilidad nacional es cuestionable, a partir de la consolidación de ese concepto muy poco claro, lleno de concepciones técnicas, trucos e ideología que es el producto interno bruto, que se mide cada año y sobre el que se fija la política del gobierno desde el presupuesto.

Se trata, pues, de crear valor de modo constante. Esa es la fuente de la riqueza. Producir y distribuir los ingresos que se generan es factor clave de cualquier organización social. Cada modo de producción resuelve este problema de manera distinta. Cada uno entraña sus propios conflictos. No es un asunto meramente técnico y ocurre, por supuesto, dentro de un entramado políticamente determinado.

En principio la producción crea valor, pero es un proceso que tiene fugas. Esto quiere decir que al mismo tiempo ocurre también una extracción de valor que es apropiado por ciertos agentes económicos. Se trata, por ejemplo, de una diversidad de rentas que se derivan de posiciones de control, ya sea en la misma producción como ocurre con los monopolios o concesiones especiales para explotar algún recurso.

Otra forma de extracción son los impuestos. La justificación de los impuestos o tributos –los términos mismos son muy indicativos de lo que representan– es diversa y su uso por parte del Estado o el gobierno es controvertido.

Los impuestos son recursos que pueden ser usados para crear valor, siempre y cuando soporten la generación de riqueza. No es sencillo calificar el gasto del gobierno en cuanto a su capacidad de generar valor, no es clara la utilización eficiente de los recursos que concentra. También es justificable en principio su asignación con otros criterios.

En un sentido técnico eso tiene que ver, por ejemplo, con la manera en que se fijan los precios de los servicios públicos, cuestión que difiere del sector privado, donde una referencia son los precios en el mercado.

Los subsidios son de tipos muy variados y repercuten en la distribución del ingreso. Sería necesario cuantificar los efectos que tienen en la creación de valor y riqueza. La eficacia del uso de los recursos públicos es un asunto complejo, como puede advertirse.

En el caso de las actividades financieras la experiencia reciente de la crisis de 2008 ha puesto en evidencia que muchas de ellas no crean valor, sino lo extraen mediante la apropiación de rentas que distorsionan la actividad productiva y concentran la riqueza. Hay, sí, un uso productivo de las transacciones financieras.

La efectividad de la inversión privada se mide, finalmente, en las utilidades que genera luego del pago de los impuestos y en entornos distintos de competencia en el mercado. La efectividad del gobierno no se mide necesariamente por ese rasero. Lo nebuloso que en muchas ocasiones resulta la actividad productiva del gobierno y su capacidad de generar valor es hoy un asunto explícito en el país en torno a la grave crisis de Petróleos Mexicanos y no es el único caso.

Con respecto a lo esencial de la creación de valor por medio de la actividad productiva para consumir hoy y en el futuro, se aprecia que de modo recurrente tiende a producirse menos en lugar de alcanzar el potencial de utilización de los recursos materiales, financieros y especialmente la fuerza de trabajo.

Esta situación se justifica con argumentos tales como el riesgo de un alza en la inflación, los déficits en la balanza de pagos, los desequilibrios del presupuesto, el aumento de la deuda pública y privada o el colapso del peso. Todo esto se expresa finalmente en la distribución del ingreso y la riqueza.