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Revisará la Corte el amparo de Eirinet Gómez ante información negada por la Policía Federal en Veracruz
 
Periódico La Jornada
Martes 29 de enero de 2019, p. 9

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso de Eirinet Gómez, corresponsal de este diario en Veracruz, quien se amparó para que el Instituto Nacional de Acceso a la Información (Inai) ordene a la Policía Federal (PF) entregar una versión pública en la cual se den a conocer los datos, cifras o estadísticas relacionadas con los indicios encontrados en las fosas clandestinas del predio Colinas de Santa Fe, en esa entidad.

De acuerdo con el expediente, se registró y admitió a trámite en la SCJN la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción con el número 781/2018 y se turnó a Alberto Pérez Dayán, quien lo presentará a los ministros.

En diciembre pasado, por unanimidad de votos los magistrados del vigésimo primer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito –Carlos Alberto Zerpa Durán (presidente), Guillermina Coutiño Mata y María Alejandra de León González– resolvieron que el máximo tribunal del país retomara el caso y lo estudie para que defina acerca de las facultades del Inai.

En ese entonces, ordenó a la SCJN que determinara acerca de la facultad de atracción planteada en el expediente, y en consecuencia se remitieran a ese alto tribunal los autos del recurso de revisión en que se actúa, el juicio de amparo de origen y el tomo de pruebas.

Carretera 13.5 kilómetros

La corresponsal de La Jornada ha informado de manera puntual sobre los hallazgos del cementerio clandestino Colinas de Santa Fe, donde el Colectivo Solecito de Veracruz, integrado por familiares de personas desaparecidas, ha rescatado restos de casi 300 personas inhumadas de manera clandestina en predios aledaños a la carretera 13.5 kilómetros, en el norte de la entidad.

En abril de 2017, Eirinet Gómez solicitó al INAI que ordenara a la PF entregar una versión pública de los hallazgos e investigaciones, pero se la negaron, ya que esta última reservó por cinco años la información; entonces, la reportera, asesorada por sus abogadas Marybeda Patlax Valdivia y Adriana Fuentes Manzo, de la Asociación Civil Equifonia, recurrió al amparo.