El Consejo Nacional del PRD manifestó ayer su total apoyo a los gobiernos emanados de ese partido ante la centralización del gasto público federal que, subrayó, lesiona gravemente la capacidad financiera de las autoridades locales, para dar atención eficaz a las demandas elementales de los ciudadanos.

Dicha práctica es un atentado contra el federalismo y el municipalismo, dijo al destacar que es impostergable convocar a una Convención Nacional Hacendaria que establezca, mediante el diálogo, el acuerdo, el consenso y la articulación de esfuerzos, una asignación de recursos justa y descentralizada.

El pronunciamiento realizado en medio del conflicto social que se registra en Michoacán y que ha afectado a terceros, tuvo lugar al concluir el pleno 17 del Noveno Consejo Nacional, el cual se caracterizó por la escasa participación de consejeros. Con un retraso de más cuatro horas, la reunión se inicio con 147 militantes de alrededor de 360 que tiene ese órgano colegiado.

Entre quienes se abstuvieron de asistir estuvieron incluso dirigentes de las principales corrientes.

En un ambiente desagelado, se guardó un minuto de silencio por las más de 100 personas fallecidas en la explosión en un ducto de gasolina ubicado en Hidalgo.

Ángel Ávila, integrante de la dirigencia colegiada provisional, denunció que los grupos dedicados al robo de combustible han empezado a amenazar a alcaldes para exigirles que no se metan y les dejen seguir con el ilícito.

Puntualizó que los munícipes están siendo intimidados mediante la ley del plomo, entre ellos citó el caso del alcalde de Tezontepec de Aldama, Hidalgo, Pedro Porras. También llamó al gobierno federal a acercarse a las autoridades municipales para coordinarse en la lucha contra el huachicoleo y proteger a estas últimas.

Durante el encuentro se aprobaron 14 reglamentos, entre ellos los de afiliación, elecciones y de los jóvenes. También se designó a los tres integrantes del órgano de justicia, el cual será encabezado por María Luz Hernández Quezada y tendrá una presdiencia rotativa cada tres meses.

Un grupo de militantes inconformes con la forma como ha actuado la dirigencia provisional, la cual no ha tomado en cuenta a todas las corrientes, hizo un llamado a restablecer la democracia interna. Entre ellos estaba el diputado federal Javier Salinas y el dirigente del PRD en Guerrero, Ricardo Barrientos.

La Unión de Trabajadores del PRD exigió la instalación de una mesa de negociación para abordar el tema de los empleados despedidos y la protección de sus derechos.