Con la multa de 13 millones 900 mil pesos impuesta por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) a la empresa responsable del desmonte de un predio ubicado en Dos Bocas, Tabasco, donde el gobierno proyecta hacer la séptima refinería del país, se confirmó que no había autorizaciones en materia de impacto ambiental, ni de cambio de uso de suelo en terrenos forestales para poder remover la vegetación, de acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y Greenpeace.

La organizaciones, que interpusieron las denuncias que llevaron a la sanción, indicaron en un comunicado que si el gobierno federal desea seguir adelante con el proyecto de la refinería en el predio, deberá hacer la evaluación de impacto ambiental y solicitar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales.

En respuesta a la denuncia popular interpuesta por el Cemda en noviembre de 2018, por el desmonte ilegal de vegetación en Dos Bocas, municipio de Paraíso, la ASEA anunció el miércoles que impuso medidas compensatorias a la empresa responsable.

Las organizaciones señalaron que de acuerdo con el Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Tabasco 2017, la zona desmontada corresponde a un área prioritaria de conservación, por lo que era obligación de la autoridad investigar y determinar responsabilidades según la gravedad de los hechos que encontrara.

La ASEA determinó la obligación de que la empresa establezca un programa de reforestación de mangle en 82.8 hectáreas, así como de preservación de flora y fauna.

El Cemda y Greenpeace reconocen el trabajo de la ASEA, puesto que si bien la obra denunciada corresponde a un proyecto anunciado por el gobierno federal, la dependencia ha demostrado su independencia y compromiso con la legalidad y el Estado de derecho.