Documentos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de la Cámara de Diputados confirman que en 2004 Vicente Fox Quesada presentó la controversia constitucional 109/2004, la cual impidió la utilización de recursos que los legisladores habían asignado para que en 2005 Petróleos Mexicanos (Pemex) adquiriera una sustancia para identificar la gasolina robada.

En el engrose de la mencionada controversia se da cuenta de que en el artículo décimo transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) la Cámara de Diputados instruyó a Pemex para que adquiera en un plazo perentorio de 45 días un equipo tecnológico que permita identificar los combustibles que suministra el mercado.

En su escrito de impugnación el Poder Ejecutivo argumentó: Tal tecnología que requiere Pemex para combatir el robo de combustible es una atribución que corresponde a la propia paraestatal (...) Además, conforme al marco jurídico en materia de contrataciones gubernamentales, resulta imposible cumplir con el plazo de 45 días que se establece para adquirir la tecnología referida, situación que se agrava cuando se prevé el fincamiento de responsabilidades en caso de incumplimiento, por lo que se solicita la invalidez del artículo décimo transitorio.

No fue el único punto del PEF 2005 que fue impugnado: el total de recursos que involucraban programas y partidas que los diputados incluyeron en el presupuesto sin consultar y atender las observaciones del gobierno de Fox Quesada sumaban 6 mil 750 millones de pesos.

La Corte resolvió la controversia constitucional en junio de 2005 y determinó que los congresistas habían violado las facultades del Poder Ejecutivo, sobre todo al desechar, sin discusión, el escrito de observaciones formuladas por el Presidente de la República, y ordenó al Congreso que declarara nulo el PEF 2005 únicamente en la parte que fue objeto de observaciones.

Entre los rubros también afectados con la resolución estaba la construcción de 111 tramos de la red carretera federal, y la Cámara de Diputados determinó que se construyeran 31 obras más que no estaban consideradas por el Programa Nacional de Construcción y Modernización de Carreteras presentado por Fox Quesada.

Una vez que la Cámara de Diputados acordó atender la resolución de la Corte –en octubre de 2005–, los legisladores negociaron con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que solamente se liberaran recursos por 4 mil 195 millones de pesos y se eliminó la partida que se había considerado para la adquisición de colorantes que permitieran identificar los combustibles robados a Pemex.