lbert O. Hirschman ( Journeys toward progress, 1965), analizando los procesos de diseño de las políticas publicas desde el mirador que le brindaba algunos países sudamericanos en los años 50, señaló una debilidad de los administradores públicos y políticos latinoamericanos, utilizando para ello una frase de Flaubert en 1863: La manía por extraer conclusiones es una de las más estériles obsesiones de la humanidad. Hirschman se refería a la obsesión por los grandes diseños o las fórmulas únicas.

En la práctica, el economista heterodoxo, utilizando en un ensayo la figura del posibilista, convocaba a la experimentación, a no extraer conclusiones rápidas y, en gran medida, a confrontar la realidad contra las verdades reveladas o las panaceas, que siempre son barreras para entender bien y para actuar mejor.

En la actualidad, refutar los fundamentos de elaboraciones teóricas que justifican la injusticia realmente existente requiere cultivar el tronco común de la acción pública solidaria, que a su vez exige deliberación pública.

En el tema del huachicol, la tragedia de Tlahuelilpan –la más devastadora, pero no la única– y la corrupción que, asfixiando a Petróleos Mexicanos (Pemex), generó redes amplias y complejas de corrupción, que implicó a autoridades, empresarios y políticos, también incitó a que muchas comunidades rurales lo adoptaran como su forma de vida, como ha ocurrido con otras actividades ilícitas en otras regiones del país.

Desde luego que nada de esto puede desligarse de los temas de pobreza, corrupción e informalidad, sobre todo laboral, y de un extraordinariamente débil estado de derecho, que sanciona con saña y odio a los pobres y que se convierte en un obsecuente conducto para proteger los privilegios de los más poderosos.

Apenas revisar el listado del párrafo anterior, para comprender la complejidad de una economía de mercados negros, de una democracia de alta intensidad corruptiva y de un Estado esquizofrénico que se cree fuerte contando con pocos instrumentos eficaces para actuar.

Esta tragedia se fue gestando en décadas de descuido, de desprecio al papel del Estado, de proscripción a la política y a los políticos, de corrupción en ascenso y de mitos fundadores de una economía, una sociedad y un Estado que no existían ni existen.

Pero antes de creer que encontramos otra fórmula mágica –que lo son, porque parecen tan simples, tan de sentido común–, pensemos en los problemas que afloraron y que aquí siguen presentes.

La distribución de gasolinas, petróleo, gas y demás derivados requiere una revisión profunda, logística y geopolítica. Lleva inevitablemente a la discusión del papel de Pemex y de toda la política energética nacional.

El sistema nacional de riesgos exige revisarse a la luz de enorme retos y peligros ecológicos, atmosféricos, políticos y sociales.

El territorio nacional ocupado –trasmutado, diría– por diversas formas de poderes fácticos, crimen organizado y con grandes vacíos institucionales demanda una amplia deliberación sobre cómo recrear y fortalecer la gobernanza rural y, en general, los gobiernos locales.

La propuesta de estado de derecho debe ser desentrañada no con prototipos, sino con puntos de partida más apegados a la realidad que vivimos. No pretendo hacerme eco de Gordon Brown, primer ministro inglés y su célebre dictum: lo difícil para alcanzar un estado de derecho son los primeros 500 años. Pero debe ser discutido el aparente dilema entre justificar la violación de la ley por razones de pobreza. Entre otras cosas, es necesario saber qué tan pobres están en los municipios que se han dedicado al huachicol. Porque esa información ayudará a precisar mejor las políticas públicas a desarrollar.

Al final, la deliberación pública no debe ser influida por esa prisa por llegar a conclusiones. Basta de checklists del fifí o del populista.

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