Toluca, Méx., El Congreso del estado de México aprobó ayer un exhorto por el cual pide a la Fiscalía General de Justicia estatal desistirse de la acción penal contra seis indígenas de la comunidad de San Pedro Tlanixco, municipio de Tenango del Valle, quienes llevan casi 15 años en prisión por homicidio.

Lo anterior, luego de que el 17 de enero, un magistrado del Poder Judicial del estado resolvió reponer el proceso penal de los seis acusados, por lo cual deja sin efecto las sentencias que debían purgar de más de 50 años de prisión. La reposición podría realizarse la próxima semana.

La legislatura local solicitó además a las autoridades penitenciarias la liberación inmediata de los seis comuneros nahuas al comprobarse que su proceso estuvo plagado de irregularidades y no son responsables del delito que se les imputa.

En noviembre pasado, diversas áreas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitaron al Estado mexicano excarcelar a los seis hombres, porque hay evidencia de que el proceso judicial instruido en su contra carece de las garantías del debido proceso, y la condena habría sido adoptada para criminalizar a personas defensoras del derecho al agua.

La pesadilla de los indígenas de Tlanixco inició a principios de la década pasada, cuando la Comisión Nacional del Agua (Conagua) entregó a particulares la explotación del río Texcaltengo, para el riego de las empresas floricultoras del municipio de Villa Guerrero.

El 1º de abril de 2003, el empresario español Alejandro Issak Basso, quien encabezaba el sistema de riego para los floricultores de Villa Guerrero se dirigió a Tlanixco a reclamar que el agua llegaba jabonosa. En el trayecto encontró a unas mujeres lavando ropa, y al subir la cima para llegar a Tlanixco habría resbalado y caído en un barranco, por lo que murió.

La entonces procuraduría mexiquense indagó y concluyó que se había tratado de un homicidio perpetrado por quienes encabezaban el comité de agua de Tlanixco; la imputación recayó en testigos de oídas y no hubo elementos sólidos para inculpar a los miembros del comité.

En julio de 2003, la policía ministerial capturó con violencia a Pedro Sánchez, Teófilo Pérez y a Rómulo Arias por su presunta responsabilidad en el homicidio. En 2006 los tres fueron sentenciados a más de 50 años de prisión sin pruebas. En ese mismo año también fueron detenidos Dominga González, Lorenzo Sánchez y Marco Antonio Pérez, también por homicidio y tras 10 años presos, en noviembre de 2017 recibieron sentencia de más de 50 años de prisión. Las condenas también se basaron en testigos de oídas.

Este viernes diputados de Morena expusieron el caso en el Congreso y legisladores de todas las fracciones avalaron que la Legislatura pida al fiscal desistirse de la acción penal contra los seis indígenas y se decrete su libertad inmediata.