Chihuahua, Chih., La Secretaría de la Función Pública (SFP) estatal dio a conocer una investigación contra 17 funcionarios de la administración de Javier Corral Jurado, quienes presuntamente destibaron 51 millones de pesos a la adquisión irregular de medicamentos para el Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal) durante 2017.

La dependencia precisó que ante el presunto desfalco la Auditoría Superior del Estado (ASE) no puede proceder, porque la mayoría del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del estado rechazó aprobar la cuenta pública que incluye los señalamientos.

Stefany Olmos Loya, secretaria de la Función Pública, anunció que habrá sanciones administrativas por la compra irregular de medicinas, al comprobarse malas prácticas y probable desvío de recursos en la firma de un crédito por 80 millones de pesos con la farmacéutica Egro en marzo de 2017, recur-sos de los que se ejercieron 51 millones de pesos.

Los funcionarios de la actual administración omitieron procedimientos para la compra y declararon desiertas dos licitaciones, para justificar un contrato de adjudicación directa con Egro, empresa presuntamente vinculada a Ernesto Ávila Valdez, entonces secretario de Salud.

La SFP no reveló los nombres de los funcionarios investigados para no vulnerar el debido proceso, pero las irregularidades también fueron señaladas y acreditadas por la Comisión de Fiscalización del Congreso del estado.

Miguel Ángel Colunga Martínez, diputado de Morena y presidente de la citada comisión, presentó un dictamen que señala la compra indebida, junto con irregularidades como un pago a sobreprecio hasta de 178 por ciento en la compra de las medicinas, la inclusión de empleados de la farmacéutica Egro en la nómina estatal, y la subrogación indebida de servicios de salud por 2 millones de pesos, en este caso con el Hospital Ángeles.

Dijo que más posibles desvíos detectados son un gasto de 79 millones de pesos en conceptos sin justificación, entrega discrecional de bonos a funcionarios de primer nivel, pago de 45 millones de pesos a empresas de limpieza sin contrato de por medio, además la compra de vales de despensa sin licitación.

La diputada Carmen Rocío González Alonso pidió a nombre de la bancada del PAN rechazar el dictamen, junto con otro de la Fundación del Empresariado Chihuahuense y uno de Pensiones Civiles del Estado, organismos que también presentaron inconsistencias en su contabilidad.

Por mayoría, el pleno de los legisladores del Congreso decidió posponer la aprobación de las cuentas, y pidió que sean nuevamente analizadas dando oportunidad a los entes públicos para que entreguen nueva información.