La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió la posibilidad para que miles de sentenciados por delitos que dejaron de ser graves con la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, como la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), entre otros, puedan obtener el beneficio de la libertad condicional o bien bajo fianza y cumplir así su condena.

Lo anterior al resolver el juicio de amparo en revisión 762/2018, y aprobar por tres votos contra dos el proyecto presentado por la ministra Norma Lucía Piña Hernández, el pasado miércoles, y en el cual el querellante fue identificado como Leonor Rivera Ramírez, una mujer que fue condenada a ocho años de prisión al ser encontrada culpable del delito de tráfico de personas, y que solicitó que se le aplicaran los beneficios del nuevo sistema de justicia penal.

En la demanda de amparo la defensa de Rivera Ramírez solicitó al máximo tribunal que determinara si existe alguna limitación constitucional que de manera expresa impidiera que se aplique de manera retroactiva a personas que resultaron condenadas en procedimientos penales iniciados bajo la lógica del sistema mixto, es decir, determinar si la norma constitucional transitoria constituye una excepción del derecho humano a la aplicación retroactiva en beneficio que opera en materia penal.

De acuerdo con la lista de acuerdos de la SCJN, la primera sala otorgó la protección de la justicia federal a la solicitante del amparo, situación que obligará al juzgado noveno de distrito en materia penal –donde inició este proceso penal–, a considerar los argumentos de la Corte para definir si es procedente aplicar los beneficios que concede la Ley Nacional de Ejecución.