Tepic, Nay., Un abogado externo, apoderado legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), y dos empleados del Poder Judicial fueron detenidos por los delitos de fraude procesal, tráfico de influencias, cohecho y abuso de autoridad en agravio de los derechohabientes, a quienes despojaron de viviendas sin que tuvieran oportunidad de defenderse, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Hay 60 mil personas afectadas en Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas, Sonora, Sinaloa, Jalisco y Nayarit y los despojos se cometieron entre 2013 y 2018.

Con un apercibimiento que se envió a miles de acreditados, se les notificó que perdieron sus viviendas por retrasos en los pagos.

El titular de la FGE, Petronilo Díaz Ponce, explicó que el 14 de diciembre de 2018 descubrieron que hubo una simulación masiva de juicios en cuatro juzgados de primera instancia, con sedes en los municipios de Bahía de Banderas, Xalisco y Compostela. Todos concluyeron con la adjudicación y escrituración irregular de 40 mil viviendas.

Detalló que en los juzgados se actuaba contra uno o dos acreditados, pero en el despacho de los abogados contratados por el Infonavit se realizaban juicios espejo, en los cuales se falsificaron constancias. Así, sin notificación ni emplazamiento a los demandados, se emitían sentencias en favor del Infonavit.

Las viviendas eran adjudicadas por 75 por ciento de su valor y todas las escrituraciones las hizo un solo notario, cuyas oficinas ya fueron cerradas por la FGE. De ese despacho salían los documentos para ser firmados por secretarios, notificadores y jueces del Poder Judicial, presidido en ese entonces por Pedro Antonio Enríquez Soto.

El fiscal general dijo que ya presentó al Congreso estatal la solicitud de procedencia para que se quite el fuero a dos magistrados y cuatro jueces de primera instancia por estos delitos.

Ayer mismo, el vocero del grupo ciudadano Comisión de la Verdad, Rodrigo González Barrios, quien denunció los despojos, informó que un juez federal negó la suspensión definitiva a Enríquez Soto y que continuará el juicio en su contra en el Congreso local.