Secuela de la crisis desatada tras la polémica resolución de la elección en Puebla, Janine Otálora renunció como presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En sesión privada, la magistrada formalizó su decisión que difundiría a través de sus redes sociales: Asumiendo mi responsabilidad de juez constitucional, en aras de facilitar la transición del tribunal, he tomado la decisión personal, ética y política de presentar mi renuncia al cargo de presidenta del Tribunal Electoral.

Durante esa misma sesión se acordó por unanimidad –según se informó– la designación del magistrado Felipe Fuentes Barrera, una de las cabezas del grupo opositor a Otálora, como nuevo titular del tribunal. Célebre por haber elaborado el proyecto que incorporó en la boleta presidencial a Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, tras omitir la falsificación de firmas que detectó el Instituto Nacional Electoral.

Fuentes Barrera fue designado magistrado, promovido principalmente por el PRI, aunque carecía de experiencia en materia electoral. Quien fuera autor de la resolución más polémica aprobada en años recientes encabezará al máximo tribunal de justicia electoral. De acuerdo con especialistas, la resolución fue parte de los últimos intentos desde el partido en el poder para detener el avance electoral de Andrés Manuel López Obrador que tuvo como operadores en el TEPJF a Fuentes Barrera, José Luis Vargas y Mónica Soto.

El comunicado oficial dio detalles de los ejes rectores de la gestión que Fuentes Barrera planteó, entre ellos construir una doctrina judicial que dote de previsibilidad y estabilidad de criterios para dar certeza a todos los justiciables.

En un escueto comunicado del tribunal se menciona que la salida de Otálora fue por motivos personales, horas después de que mediante su blog y en su cuenta de Twitter Otálora hiciera pública su renuncia y mencionaba algunas causas: La reciente crisis en la que se ha visto inmersa la sala superior del tribunal se inscribe en la tensión a la que este órgano se ve sometido al resolver conflictos políticos entre los diversos actores. Esta crisis fue resuelta en su momento por el propio pleno.

Lo de ayer fue el colofón de una larga disputa en el que la dupla de magistrados Fuentes Barrera y José Luis Vargas asedió a Otálora durante meses. La confrontación pública que tuvieron en la sesión en la que se avaló la candidatura de El Bronco fue el principio de un conjunto de episodios que atravesó la crisis.

A la polarización en criterios jurídicos siguieron presiones en el orden administrativo con el amago de revisar el manejo de recursos que incluía, entre otros aspectos, la presencia de parientes de Otálora en la nómina del TEPJF.

Previo a la resolución de Puebla hubo dos capítulos en la división interna: las renuncias de Marco Antonio Zavala –coordinador de asesores de Otálora– y de la secretaria general de Acuerdos, Cecilia Sánchez Barreiro, precipitadas por el bloque opositor como parte del conjunto de presiones que redujeron el margen de operación de la presidenta.

La primera semana de diciembre marcaría el principio del fin de la presidencia de Otálora: de manera inusual, a través de su cuenta de Twitter, Vargas hizo público su proyecto de resolución sobre la elección de Puebla, en la que daba un viraje radical a su criterio histórico de no anular elecciones para proponer, de manera infructuosa, como magistrado ponente, la nulidad de esos comicios.

Esa resolución detonó la confrontación abierta, pues fue derrotado en el pleno de la sesión pública con el voto decisivo de Otálora –4 a 3–, quien avaló la constitucionalidad de la elección.

El debate no terminó en el pleno de la sala superior. Vargas lo llevó a los medios bajo una premisa: la renuncia de Otálora, ya que la acusaba de manipular los tiempos en el manejo jurisdiccional de los expedientes, romper con el principio de búsqueda del equilibrio en el tribunal y generar divisiones, por lo que ya no era un factor de unidad.