La investigación del caso Ayotzinapa realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) fue determinada por la falta de información confiable con que contaban las autoridades, así como una serie de negativas y obstáculos que enfrentó para el desarrollo de sus labores, refirió el ombudsman, Luis Raúl González Pérez.

En el desglose de su informe anual de actividades ante la Comisión Permanente del Congreso, González Pérez adujo que para determinar la existencia de violaciones a las derechos humanos, la CNDH se vio forzada a realizar, en el ámbito de sus atribuciones, la investigación que otras instancias no pudieron o no quisieron llevar a cabo de forma pertinente y debida”.

Por tanto, frente a la grave y lamentable colusión entre autoridades y organizaciones criminales, el ombudsman nacional emitió una solicitud: dejemos que la ciencia hable para enviar a análisis los 52 fragmentos óseos hallados y que sean sometidos a pruebas de ADN y así determinar el destino de los estudiantes desaparecidos.