Luego de que el activista Enrique Guerrero Aviña fue liberado tras permanecer más de cinco años en prisión preventiva oficiosa, Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), dijo ayer que el joven debe ser objeto de una ejemplar reparación integral por los daños sufridos y criticó la figura jurídica que permitió su encarcelamiento.

En los casos de la prisión preventiva oficiosa, es suficiente una imputación para que una persona enfrente su proceso detenido, es muy problemática y no se tendría que utilizar. Debe ser derogada y no ampliarla, subrayó.

En conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro a propósito de la excarcelación de Guerrero Aviña, Jarab expuso que otra figura jurídica relevante es la del desistimiento, la cual podría usarse en casos donde queda claro que existe persecución contra activistas.

Carolina Jiménez, directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional (AI), señaló que el caso de Guerrero Aviña muestra que el sistema judicial mexicano no reacciona de manera pronta, adecuada y eficiente ante la toma de evidencia ilegal para fabricar delitos y poner a personas en prisión.

La prisión preventiva oficiosa ha causado demasiado daño para que en estos momentos, de manera vergonzosa, en lugar de discutir su eliminación se esté estudiando la manera de extenderla, añadió.

Enrique Guerrero Aviña agradeció el apoyo que recibió de diversos colectivos y organizaciones defensoras de derechos humanos para lograr su libertad. Durante esa lucha, dijo, se demostró su inocencia y las graves violaciones a los derechos humanos que sufrió, entre ellos tortura y tentativa de ejecución extrajudicial, así como la fabricación de pruebas.

Luego de señalar que fue perseguido por su labor como defensor de los derechos humanos, el estudiante universitario demandó la reparación integral del daño para todos los presos políticos y que la Secretaría de Gobernación atienda con celeridad los casos de cientos de personas injustamente encarceladas.

Guerrero Aviña fue detenido el 17 de mayo de 2013 acusado del secuestro de dos menores de edad, sobrinos del ex dirigente del Consejo Coordinador Empresarial Gerardo Gutiérrez Candiani, en Oaxaca. Antes de ser presentado ante el Ministerio Público fue torturado.