onald Trump ha marcado el ritmo y la línea. Los innegables problemas internos de Venezuela han sido potenciados para crear una desestabilización cuyo episodio con pretensiones de finiquito ha sido la creación de un encargado de la presidencia de aquella república (el autoproclamado Juan Guaidó) en sintonía con los planes de Washington, secundados con ánimo lubricante por el Grupo de Lima y, en su momento, por el peñismo ahora relevado por la administración obradorista que honrosamente se ha negado a cumplir el libreto establecido por el gobierno estadunidense.

A Washington no le satisface que haya ínsulas de neutralidad que en el fondo constituyen una resistencia al avasallamiento deseado por la Casa Blanca. Dentro del espectro de regresiones que postula la administración obradorista (la restitución de los precios de garantía y de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, Conasupo, entre otras) está la Doctrina Estrada, que el neoliberalismo político abandonó y ahora se reivindica a partir de su premisa esencial del no intervencionismo.

La acometida de Trump y sus aliados contra Nicolás Maduro es un mensaje extremo de intolerancia ante los procesos internos de países latinoamericanos. El gobierno de Nicolás Maduro ha cometido errores y excesos, carente de la habilidad política y el carisma de Hugo Chávez, pero resulta indefendible que el garrote estadunidense pretenda reactivar sus históricas políticas de intervencionismo y golpismo.

En esa suerte, aunque hoy la histeria promovida por los grandes medios de comunicación convenza acríticamente a muchos respecto de la maldad del gobierno de Maduro, corre también la suerte del proceso mexicano encabezado por Andrés Manuel López Obrador: todo aquel que se opone a las líneas generales de la política de Washington y los grandes capitales, termina por ser llevado a escenarios de conflicto inducido. Por ello, el actual gobierno federal se mantiene en su posición original: respeto al gobierno de Nicolás Maduro.

El conflicto interno en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desembocó en la renuncia de la presidenta, Janine Madeline Otálora Malassis, quien, sin irse del citado tribunal, pues simplemente se retira a su puesto de magistrada, ayer mismo fue relevada en ese cargo directivo por Felipe Alfredo Fuentes Barrera.

Otálora Malassis tuvo su punto de quiebre en el curso de la calificación de las elecciones poblanas. Ante un empate de votos en la sala superior del mencionado tribunal, la presidenta votó en favor de reconocer el triunfo electoral de Martha Érika Alonso, la esposa de Rafael Moreno Valle, a pesar de la difusión de múltiples irregularidades y francos delitos cometidos por ese morenovallismo durante la contienda que dejó oficialmente en segundo lugar al ahora morenista Luis Miguel Barbosa.

En su conferencia mañanera, el presidente López Obrador dio a conocer sus propuestas para integrar el aparato de regulación de los medios públicos del Estado mexicano. Un equipo compacto, con Jesús Ramírez Cuevas a la cabeza y Jenaro Villamil como principal operador de campo, intentará dar unidad a las piezas dispersas de la estructura de radio, televisión y difusión de noticias que posee el Estado.

En ese proyecto, el más ambicioso hasta ahora emprendido por ocupante alguno del poder presidencial, López Obrador contará, luego que el Senado dé el visto bueno, con la participación de un extraordinario equipo de profesionales de la comunicación: Villamil al frente del Sistema Público de Radio y Televisión, Sanjuana Martínez en Notimex, Armando Casas (quien, como director de TV UNAM aireó como nunca su programación) en Canal 22, Gabriel Sosaplatas en Radio Educación, Aleida Callejas en el Instituto Mexicano de la Radio (Imer), Lidia Camacho a Televisión Educativa, el ex gobernador de Tlaxcala José Antonio Álvarez Lima a Canal Once, Fernando Coca Meneses a Canal 14 (del SPRyT) y el ex jefe delegacional interino en Cuauhtémoc Rodolfo González en Radio, Televisión y Cinematografía.

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