a autoproclamación del opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y su inmediato reconocimiento por el gobierno de Estados Unidos y de otros países alineados con las políticas hemisféricas de Washington constituye el inicio de una injerencia mayor, orientada a provocar una confrontación de gran escala entre venezolanos.

Cabe recordar que hasta antes de ese episodio, los grupos opositores de la nación caribeña carecían de un liderazgo reconocible; esta ausencia no pudo ser subsanada con el atrincheramiento en la Asamblea Nacional, instancia que fue desautorizada por el Tribunal Supremo de Justicia. El presidente de ese órgano legislativo carece, en consecuencia, de facultad institucional alguna y su determinación de proclamarse jefe de Estado debe entenderse como resultado de una maniobra ilegítima carente de sustento legal y orientada a inducir un quiebre irremediable en el panorama político venezolano.

Más aún, la amenaza expresada ayer por el presidente estadunidense, Donald Trump, en el sentido de que la Casa Blanca considera todas las opciones en caso de que el gobierno de Nicolás Maduro responda con violencia a la autoproclamación de Guaidó exhibe que éste se encuentra bajo la protección de Washington, lo cual lo descalifica como actor legítimo en el escenario de Venezuela y lo define como instrumento de una intervención declarada y abierta. Ante semejante postura, resultaba inevitable la ruptura de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, anunciada por el Palacio de Miraflores unas horas después de las declaraciones de Trump y su secretario de Estado, Mike Pompeo.

Es lamentable que en esta circunstancia gobiernos como el de Brasil y el de Colombia –países vecinos de Venezuela, para mayor gravedad– hayan decidido acompañar a la Casa Blanca en esta aventura injerencista que podría ser el inicio de una nueva agresión histórica de la superpotencia en América Latina y cuyas consecuencias para la región serían desastrosas de necesidad.

Ante los impresentables posicionamientos de Washington y de varios de sus aliados en el área que se apresuraron a reconocer como presidente de Venezuela a Juan Guaidó, contrastan las posturas de la Unión Europea y de México y Uruguay.

La primera, si bien llamó a realizar elecciones libres a la brevedad en la nación sudamericana, se abstuvo de otorgar cobertura diplomática al golpismo; por lo que hace a nuestro país, cabe felicitarse por el hecho de que haya retomado uno de los principios tradicionales de la política exterior nacional y se haya deslindado de los afanes por desconocer al gobierno de Nicolás Maduro. En cambio, la cancillería mexicana, en una acción conjunta con Uruguay, exhortó a las partes en disputa y a la comunidad internacional a reducir las tensiones, a evitar una escalda de violencia que pudiera agravar la situación y a encontrar una solución pacífica y democrática frente al complejo panorama venezolano y a emprender un nuevo proceso de negociación incluyente y creíble, con pleno respeto al estado de derecho y los derechos humanos.

Cabe esperar, por último, que las voces de la razón y de la legalidad internacional prevalezcan por sobre quienes pretenden impulsar en Venezuela un conflicto que llevaría destrucción, muerte y sufrimientos mayúsculos a los habitantes de esa nación.