Conflictos de intereses y vínculos de legisladores con la industria de alimentos y bebidas explican que de 53 iniciativas de reformas legales presentadas en dos legislaturas del Congreso –seis años–, sólo un par se aprobaron, como la que estableció el impuesto a alimentos con alta densidad calórica y las bebidas azucaradas.

El Poder del Consumidor presentó ayer los resultados de la investigación realizada por la empresa consultora Probatio, de la cual destaca que 56 por ciento de los proyectos para modificar leyes fueron aplazadas y 36 por ciento desechadas en ese lapso.

Alejandro Calvillo, director de la organización civil, comentó que esto ocurrió a pesar de la emergencia de salud en que se encuentra el país a causa de la elevada prevalencia de sobrepeso y obesidad. Más de 70 por ciento de los mayores y 30 por ciento de niños y adolescentes viven con esta condición en el país.

Como parte del estudio, se revisaron los perfiles curriculares de 385 legisladores, integrantes de las comisiones que revisaron los diferentes proyectos. Se encontraron vínculos directos con la industria, así como instancias de cabildeo que representan los intereses de fabricantes de alimentos procesados y bebidas con azúcares añadidos, como refrescos.

También se encontraron relaciones con portavoces de las empresas, entre otros, cámaras de comercio. Este hallazgo hizo que se descartara la hipótesis sobre la falta de conocimiento de las técnicas legislativas como posible causa de que la mayoría de iniciativas no prosperara.

Probatio recomendó verificar la integración de las comisiones legislativas e identificar posibles conflictos de intereses, que haya acceso a la información sobre reuniones de legisladores con asociaciones de cabildeo y promover las iniciativas ciudadanas que propongan reformas a la ley.

Calvillo resaltó que una de las recomendaciones internacionales contra la obesidad es aplicar medidas regulatorias que tiendan a reducir el consumo de productos altamente calóricos.