El Estado mexicano ha incumplido sistemáticamente la obligación de respetar y garantizar el derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas.

De acuerdo con un informe del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México, de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y de la Fundación para el Debido Proceso, aunque se trata de derechos legislados, han sido sepultados por la política de fomento a la inversión privada y la realización de megaproyectos y obras en territorios indígenas.

Al presentar el documento este martes en Ciudad Universitaria, académicos, activistas y representantes de pueblos indígenas señalaron que el cambio en la administración federal puede ser la oportunidad de tener una nueva cultura política de respeto de los derechos de las comunidades originarias.

Haydeé Pérez Garrido, directora ejecutiva de Fundar, planteó que en la elaboración del informe se identificó que si bien la ley señala que las consultas a los pueblos deben realizarse antes de comenzar cualquier obra, en muchas ocasiones se hacen cuando los proyectos ya se están llevando a cabo, cuando los permisos ya se dieron, y en otras ocasiones no se cumple con el principio de buena fe, sino que hay coacción del gobierno a las comunidades cuando les ofrecen apoyo.

En el documento De la consulta a la libre determinación de los pueblos. Informe sobre la implementación del derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado”, se señala que la fase contemporánea del extractivismo se ha caracterizado por la apropiación de bienes comunes, territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas.

Indica que hay más de 420 conflictos socioambientales en México, en su mayoría en territorios de pueblos originarios.

Entre los problemas que han permitido la violación al derecho a la consulta previa y el consentimiento libre está que la armonización de la legislación federal y estatal frente a los estándares internacionales es deficiente e incompleta.

En el orden federal, donde recae la facultad de otorgar la mayoría de los permisos para proyectos de inversión, se observa una disparidad en la actuación de las diferentes secretarías y comisiones federales involucradas en procesos de consulta.

La omisión de consultar es especialmente preocupante, según el informe, si se toma en cuenta que con frecuencia los pueblos indígenas se encuentran en condiciones de pobreza extrema, lo cual es determinante cuando las autoridades estatales y empresas buscan condicionar el consentimiento de las comunidades a cambio de prebendas y presiones económicas.

Bettina Cruz, de la Asamblea de Pueblos del Itsmo en Defensa del Territorio; Rodrigo Gutiérrez Rivas, investigador del IIJ, y Daniel Cerqueira, de la Fundación para el Debido Proceso, entre otros, señalaron que se requiere modificar las relaciones de dominación cultural existente entre el Estado y los pueblos indígenas a partir de un amplio y continuo proceso de diálogo incluyente que abra una nueva cultura política basada en el respeto de los derechos colectivos.