l fin de semana anterior, Eduardo Cadena Cerón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa) de Veracruz, afirmó que ya existe un dictamen en el Congreso local para modificar la Ley Cafetalera, a fin de adecuarla al proyecto de inversión de la trasnacional alimentaria Nestlé, anunciado en diciembre, de manera conjunta, por el presidente Andrés Manuel López Obrador y por el gobernador de la entidad, Cuitláhuac García Jiménez.
Si bien es cierto que en la actualidad el desarrollo económico de los países no puede prescindir de la inversión extranjera, también lo es que los estados deben ejercer sus facultades para garantizar que el carácter y el sentido de las inversiones referidas no desordenen el tejido social, no modifiquen para mal la vida de las comunidades ni introduzcan lógicas indeseables de intercambio o creen poderes fácticos que con facilidad pueden tornarse incontrolables.
El proyecto que gira en torno de la construcción de una planta solubilizadora de café de la multinacional resulta cuestionable, justamente por violentar los lineamientos referidos. El aspecto más preocupante de la propuesta, a la que se oponen los cultivadores de café de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla y el propio Veracruz, tiene que ver con la materia prima requerida por Nestlé: mientras los caficultores locales han desplegado enormes esfuerzos para mantener plantaciones de la variedad arábiga, reconocida a escala internacional por su alta calidad, la compañía comercializa la variedad robusta, de menor calidad y precio. Para los agricultores, la introducción masiva de esta última no sólo significa una caída inmediata en sus ingresos, sino que debilita sus ventajas competitivas a mediano y largo plazos.
No debe perderse de vista, además, que subordinar la mayor parte de la producción cafetalera a las necesidades y requerimientos de una sola compañía implica una alteración social profunda que rompe la unidad productora y desencadena una reorganización en grandes plantaciones, cuya lógica es inherentemente contraria a la autonomía de los productores. Para colmo, estos procesos serían dirigidos por una empresa con una extendida fama pública de depredación, envuelta en escándalos por el deficiente control de calidad de sus productos, sus objetables prácticas de negocios y su desdén hacia el medio ambiente.
A los potenciales efectos negativos sobre las regiones productoras y sus habitantes hay que sumar el impacto de la planta solubilizadora en sí misma, el cual difícilmente será desdeñable si se considera que poseerá una capacidad de procesamiento de 20 mil toneladas anuales. Hasta ahora no se han despejado las dudas existentes en cuanto a sus dimensiones, ubicación y planes de mitigación de las inevitables afectaciones ambientales.
Ante la magnitud de los riesgos, cabe preguntarse si la institucionalidad mexicana posee la capacidad para mantener a raya los atropellos y abusos de una trasnacional de estas dimensiones y hacer que su participación en la economía local y nacional arroje saldos virtuosos. Asimismo, parece pertinente llamar a los legisladores de la bancada mayoritaria en el Congreso veracruzano a oponerse a un acuerdo que, por todo lo dicho, parece contraponerse a los principios del partido gobernante en Veracruz y en la Federación, así como con las propuestas de los gobiernos de ambos niveles.
