En la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se dio entrada a las acciones de inconstitucionalidad presentadas por diputados y senadores de diversos partidos contra las reformas realizadas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que, entre otras modificaciones, crea la figura que se conoce como superdelegados, los cuales tendrán a su cargo la coordinación y puesta en marcha de los planes y programas del gobierno federal en coordinación con los gobiernos locales y las comisiones presidenciales especiales de investigación.

En la lista de notificación, la SCJN dio a conocer la aceptación de las acciones de inconstitucionalidad registradas con los números de expediente 115/2018, 116/2018, 117/2018, 119/2018 y 120/2018, las cuales cuestionan la legalidad de las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Aunque el máximo tribunal del país dio entrada a los recursos promovidos por diputados y senadores, rechazó otorgar la suspensión de los efectos y consecuencia del decreto, en específico el contenido de la fracción XXI del artículo 33, que tiene que ver con las atribuciones de la Secretaría de Energía para intervenir en la fijación de las tarifas eléctricas.

El ministro instructor, Luis María Aguilar Morales, acordó acumular las demandas por existir identidad en el decreto impugnado e instruyó dar vista a las cámaras de Diputados y del Senado, así como al Presidente de la República, señaladas como autoridades responsables, para que envíen al alto tribunal el informe dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación.

La Corte notificó al Congreso de la Unión, al Poder Ejecutivo Federal y a la Fiscalía General de la República para que envíen toda la documentación relacionada con las reformas a la citada ley.