a OCDE informa en la prensa nacional que “participará con la actual administración federal en la construcción del nuevo proyecto educativo para México, y que a partir de esta semana se iniciarán reuniones… para impulsar una nueva ley de educación superior.” (Laura Poy, La Jornada, 14/01/19). La OCDE se autonombra interlocutor preferente ¿qué dice la SEP?, porque en el resto de los niveles educativos hubo foros en toda la república, reuniones con la CNTE y 64 mil ponencias, y hasta ahora no hay consultas a los profesores e investigadores, sus organizaciones gremiales y académicas; ni a los estudiantes, la materia viva de la educación, que portan un proyecto histórico de gratuidad, acceso para todos, formación profesional significativa, autonomía, educación como responsabilidad del Estado. Pero además, la OCDE ya anticipa qué debe contener la propuesta gubernamental de ley de educación superior. Y lo que plantea no sólo es radicalmente distinto a los temas estudiantiles y universitarios apenas mencionados, también a las propuestas del presidente López Obrador. En efecto, en la reciente iniciativa de modificación constitucional (12/12/18) se incluye gratuidad, derecho a la educación para todos, y, lo más importante, pleno reconocimiento a la educación superior como educación de Estado.

En la entrevista, sin embargo, la OCDE pide además no tirar todo por la borda, ni la reforma de 2012 ni sus ideas sobre educación superior. “No es una cuestión de denostarlo todo… sino de ver qué ha funcionado y qué es lo que puede permanecer”. Coincidiendo con el discurso de Mexicanos Primero, propone un sistema educativo más competitivo y atractivo, que esté vinculado a la formación de capital humano en México. Y para eso, “se requiere justamente el involucramiento del sector privado, …con la universidad”. “Por eso pide que en el nuevo marco normativo se dé mayor participación privada en la construcción de una visión estratégica para garantizar mayor calidad de los egresados, pues el 50 por ciento no tiene los conocimientos que deberían haber adquirido y, además, plantea crear un organismo autónomo con parámetros internacionales, que certifique la calidad de los programas de nivel superior.

Lo más importante: son recetas similares a las que la OCDE ya planteaba hace 20 años. En los noventa pedía hacer participar a los representantes de los actores económicos y sociales en las diversas instancias de las instituciones; “estimular a las instituciones a efectuar trabajos para las empresas: estudios, investigaciones, formación continua…”; “aumento de la matrícula a mediano plazo pero …controlarla mediante pruebas de calidad al ingreso y a la salida”, y un sistema nacional de acreditación de las instituciones y sus programas.( Exámenes de las políticas nacionales de educación. México. Educación Superior, OCDE. Págs. 236-238). Y la SEP, a cumplir: ya había firmado acuerdo con Coparmex, Canacintra y otras (1990), en que se comprometía a que todas las nuevas instituciones (universidades) tecnológicas incluyeran empresarios en su estructura. Se crearon, además, agencias privadas de acreditación de programas de estudio, y para asegurar la calidad de los egresados, evaluaciones de ingreso y egreso por una agencia privada (Ceneval) donde empresarios y académicos todavía hoy determinan los temas y criterios de la evaluación, incluso internacional (TLCAN). Es decir, la educación superior mexicana se tomó hasta la última píldora.

Una medicina, sin embargo, indiferente a los contextos sociales, y que por eso no se evalúa a fondo a sí misma, un aprendiz de brujo a quien sus conjuros le explotan en la cara. Así, su reforma educativa e INEE no sólo fueron un fracaso educativo, contribuyeron a tronar un sexenio y una clase política que le había favorecido enormemente. Por otro lado, las universidades se han comercializado y poblado de intereses, han dado generosos subsidios a empresarios, como se ha denunciado aquí y en Conacyt. Y perdieron el rumbo: en los noventa, en Juárez, las escuelas superiores se vincularon y se pusieron a las órdenes de las maquiladoras para formar profesionistas. Fue el caos: sujetas a la errática y autoritaria visión empresarial, las instituciones clausuraron 21 carreras profesionales y casi desaparecieron nueve. Y, similar, en Tijuana (Aboites, H. La medida de una nación. Cap. 4). Además, la insensibilidad social: 500 mujeres asesinadas en esos años y ninguna iniciativa universitaria. Por otro lado, a escala nacional, los exámenes de selección impulsan una creciente elitización de las instituciones públicas y la segmentación social en la educación: escuelas para pobres, escuelas para ricos ( Ibidem, caps. 7,8 y 9, y para el egreso con calidad, Cap. 10). La visión de siempre de la OCDE no es hoy ni actualizada, ni útil. Hay un cambio, otra universidad es posible.

*UAM-X