A cuatro meses de haberse constituido, el Congreso local no figura aún como sujeto obligado para cumplir con las obligaciones que establece la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas.

De acuerdo con lo previsto, la información que deberá actualizar en su portal de Internet es la indicada en el artículo 121 de la norma: su estructura orgánica, el directorio de todos los servidores públicos y su remuneración mensual, así como la versión pública de las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal de los diputados, entre otras, además las que señala el artículo 125 específicas para el Poder Legislativo.

Si bien dicha falta es atribuible a la omisión en que incurrió la última legislatura de la extinta Asamblea, al no integrar el pleno de los comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de la Ciudad de México (InfoCDMX) lo que impidió actualizar el padrón de sujetos obligados, el Legislativo por sí mismo, tampoco las ha publicado en su página oficial de Internet.

La última actualización del padrón se publicó en la Gaceta Oficial el 9 de noviembre de 2017. Además de las disposiciones comunes a todos los entes obligados, la ley establece que el Congreso local debe tener, para consulta directa de los ciudadanos, 35 diferentes tipos de información, como fichas técnicas de diputados con su fotografía, currículo, suplente, comisiones y comités a los que pertenece, iniciativas presentadas y asistencias al pleno.

En la página del Congreso sólo es posible conocer su retrato, origen partidario y tipo de elección por la que fue electo, así como el distrito al que pertenece en el caso de quienes son de mayoría relativa.

El Congreso está obligado, además, a conducirse bajo el principio de parlamento abierto como lo establece la Constitución local.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Ruiz Suárez, aseguró que con el nombramiento de la titular de la Unidad de Transparencia, durante la última sesión del pleno el 29 de diciembre, Judith Vázquez Arreola, comenzaría a hacerse dicho precepto.

Agregó que el parlamento abierto es necesario porque los ciudadanos puedan ejercer el derecho que establece la Constitución local: emitir opiniones sobre las iniciativas.