La reforma agraria desde abajo

Lungisile Ntsebeza Profesor en el Centro de Estudios Africanos de la Universidad de Ciudad del Cabo.
Presidente de la Fundación Nacional de Investigación de la reforma agraria y la Democracia en Sudáfrica.

Antecedentes y problema

El 21 de septiembre de 2018, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, anunció un panel asesor de 10 personas sobre la reforma agraria. Este anuncio se realizó como uno de los componentes del paquete de estímulo del Estado que supuestamente sacará al país de la recesión. El panel consultivo tiene el mandato de apoyar al Comité Interministerial sobre reforma agraria, presidido por el vicepresidente, David Mabuza.

Se espera que el panel proporcione perspectivas sobre la política de tierras en el contexto de la persistente desigualdad, las tierras de mala calidad y la reforma agraria y el desarrollo desigual de las tierras urbanas.

El panel tiene el mandato de revisar, investigar y sugerir modelos para que el gobierno implemente un proceso justo y equitativo de reforma agraria que resuelva las injusticias del pasado, aumente la producción agrícola, promueva el crecimiento económico y proteja la seguridad alimentaria.

El panel asesor incluye académicos, abogados, representantes de Agri-SA, la Asociación de Agricultores Africanos de Sudáfrica (AFASA), un mentor (agricultor) y un agricultor y empresario emergente. Se trata, en palabras del presidente, de personas “eminentemente calificadas” en virtud de su formación académica, experiencia profesional, emprendimiento social o activismo relacionado con la economía agrícola y la política de tierras debe ser alabada.

Sin embargo, hay un sentido en el que se podría decir que la composición del panel no es totalmente representativa de los grupos de interés que afirman las políticas que buscan “un proceso de reforma agraria justo y equitativo”. Hemos heredado un paisaje en Sudáfrica que se puede dividir en cinco categorías generales:

• Un sector urbano que comprende ciudades y pueblos donde, fuera de los antiguos bantustanes, la tierra era y sigue siendo dominio casi exclusivo de blancos locales y extranjeros.

• Un sector agrícola comercial que estuvo exclusivamente en manos de los blancos durante los períodos colonial y de apartheid, y continúa siendo dominado por los blancos más de 24 años después de la desaparición oficial del apartheid.

• Terrenos en las áreas rurales de los antiguos bantustanes que están bajo el control de las autoridades tradicionales.

• Tierras estatales que incluyen bienes comunes y tierras compradas en virtud de la Ley de estrategia de adquisición de tierras proactiva de 2006.

• Tierra de la iglesia.

Hasta ahora los intentos de reformar la tenencia de la tierra han sido un fracaso total.

Una solución minuciosa y duradera para la cuestión de la tierra en Sudáfrica debe considerar la categorización de la tierra anterior y abordar los problemas a los que se enfrenta cada categoría. Por ejemplo, el tema de la vivienda y la agricultura urbana en el suelo urbano; descuidar la propiedad de la tierra y abordar los problemas laborales que afectan a los trabajadores agrícolas en las tierras agrícolas comerciales, la seguridad de la tenencia para quienes residen en estaciones de misión y los problemas de tenencia y gobernanza en áreas comunales controladas por las autoridades tradicionales.

La cuestión de la tierra

La cuestión de la tierra en Sudáfrica es un legado de un doloroso pasado de desposesión y privación de tierras forzada a través de leyes discriminatorias raciales bajo el colonialismo y el apartheid. Los regímenes coloniales y de apartheid anteriores han usado la ley para privar arbitrariamente a los negros del derecho a poseer tierras y propiedades.

A través de una serie de leyes se garantizó que la propiedad de la tierra en gran parte del país estuviera reservada únicamente para los blancos.

Los pueblos indígenas no solo fueron despojados de sus tierras, sino que fueron incorporados a un sistema extractivo y altamente explotador del capitalismo racial que permitía a los blancos acumular enormes ganancias a través de la explotación desnuda del trabajo negro.

La explotación de mano de obra negra, específicamente africana, fue posible gracias al establecimiento de reservas “nativas” que se remontan al siglo XIX. En 1913, el gobierno liderado por blancos de la Unión de Sudáfrica aprobó una ley que restringía a los indígenas a solo el siete por ciento del territorio de Sudáfrica, que para entonces ya estaba sobrepoblado y sobrepastoreado. Este insignificante porcentaje de la tierra se incrementó en ley al 13 por ciento en 1936, una situación que prevaleció hasta el advenimiento de la democracia en Sudáfrica en 1994.

E incluso después de haber sido relegados a reservas lejanas, los sudafricanos negros a menudo no eran dueños de su tierra. El estado era propietario de la mayoría de las tierras en las áreas rurales de las antiguas reservas, otorgando solo derechos de ocupación a sus residentes, en lugar de los títulos de propiedad de propiedad absoluta que eran comunes para los terratenientes blancos.

Al carecer de tierras adecuadas, los negros africanos se vieron obligados a vender su mano de obra a bajo precio, en las florecientes minas de oro y diamantes en todo el país, así como en las granjas y como trabajadores en los pueblos y ciudades emergentes controlados por blancos.

Este programa de reforma agraria del gobierno democrático se introdujo para abordar el legado anterior del colonialismo y el apartheid. Sin embargo, ha sido un fracaso total, con menos del 10 por ciento de la tierra transferida de manos blancas a negras en los más de 24 años desde el advenimiento de la democracia en Sudáfrica.

Los debates sobre la reforma de la tierra en África del Sur y su fracaso tienden a girar en torno al artículo 25 de la Constitución de Sudáfrica. Algunos eruditos argumentan que esta cláusula es conflictiva porque protege los derechos de propiedad existentes que favorecen a los blancos, mientras que al mismo tiempo promete a los desposeídos que les devolverán sus tierras. Tales académicos abogan por una enmienda constitucional para hacer que la expropiación de tierras sea inequívoca.

Otros argumentan que la sección 25 (2) de la constitución ya prevé la expropiación de tierras con compensación limitada que, en términos de la sección 25 (3) “debe ser justa y equitativa, reflejando un equilibrio equitativo entre el interés público y los intereses de aquellos afectado”. Lo que falta, argumentan, es la voluntad política por parte de los líderes del gobierno del ANC que hacer algo.

La respuesta al argumento anterior es que la voluntad política es una consideración, pero también se debe prestar atención a la posibilidad de que los dueños de propiedades actuales utilicen la constitución para litigar en cualquier intento de expropiación de tierras, especialmente si no reciben compensación. El costo de este tipo de ejercicio, sin duda, ser prohibitivo y desalentar la desventaja histórica y actual de desafiar el gran capital.

La reforma agraria es importante para corregir los errores del pasado y para el propósito de la reconciliación. En un país cuya economía no puede absorber su trabajo, la tierra es importante para enfrentar los desafíos actuales de desarrollo que enfrenta el país, como la desigualdad, la pobreza, la inseguridad alimentaria y el desempleo.

Sin embargo, la reforma agraria ha sido hasta ahora accionada por el Estado y la actual iniciativa es una perpetuación de lo mismo. Ha llegado el momento para que la sociedad civil desempeñe un papel central en la evolución de las políticas hacia una solución del problema de la tierra en Sudáfrica. Esto será posible si cada una de las cinco categorías de terreno descrito anteriormente tienen su propia representación para articular sus condiciones y exigencias específicas. Sin embargo, las categorías deberían tener una estrategia coordinada para enfrentar los problemas socioeconómicos más amplios y las desigualdades de las que la tierra son expresión descarnada.

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