Un Presupuesto para el cambio

AMLO asumió la presidencia de la República el primero de diciembre de 2018 y en menos de cincuenta días su gobierno ha venido cumpliendo demandas por las que algunos luchamos durante años, sino es que décadas.

Carlos Urzúa, titular de la SHCP, entregó el paquete económico 2019 a Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. FOTO: José Antonio López / La Jornada

Menciono las más relevantes: liberación de presos políticos; comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa; derogación de la reforma educativa de Peña Nieto; cancelación del aeropuerto en Texcoco; combate efectivo a la corrupción empezando por el saqueo de Pemex; aumento sustancial de los salarios mínimos; disminución de sueldos y prestaciones a la alta burocracia; precios de garantía a pequeños productores de maíz, frijol, arroz, trigo y leche; prohibición de la técnica del fracking en la extracción de hidrocarburos; prohibición de las semillas transgénicas; recuperación de nuestra política exterior de autodeterminación de los pueblos, no intervención en los asuntos internos de otros países y solución pacífica y negociada de las controversias…

En cuanto al compromiso mayor: ocuparse ante todo de los pobres, su  materialización hay que buscarla en el recientemente aprobado Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF); un documento que en lo esencial retoma los proyectos socioeconómicos prioritarios anunciados por AMLO desde la campaña electoral; un plan cuyos ejes son la redistribución del ingreso mediante el gasto social y el impulso a la producción a través programas de fomento y realización de obras de infraestructura.

Los supuestos del Presupuesto. La primera y gran limitación que enfrentó el diseño del plan de gasto público para este año, es que de los 5.8 billones de pesos de ingresos calculados, alrededor de 4.7 estaban previamente asignados al pago de los intereses de la enorme deuda pública, a cubrir las pensiones y jubilaciones, al abultado gasto corriente y a una serie de inversiones ya comprometidas e ineludibles, de modo que en términos reales solo se podía disponer de cerca de un billón de pesos.

De estos, a la postre más de la mitad, alrededor de 600 mil millones, se asignaron a 18 proyectos prioritarios del gobierno federal. Lo que significa que si bien la de 2019 no fue ni podía ser una programación base cero -de borrón y cuenta nueva- lo cierto es que pese a las limitaciones, compromisos y presiones que pesaron en su diseño final, el PEF para este año no resultó uno más de los acostumbrados presupuestos inerciales que se limitaban a mantener las tendencias y proporciones previas, sino que constituye un notable viraje y responde sustancialmente al proyecto de López Obrador.

El de 2019 es, como dijo el secretario de Hacienda Carlos Urzúa, un presupuesto “conservador”. Un plan de gasto prudente que mantiene la llamada “disciplina macroeconómica”: superávit primario (el mayor de la última década) y baja inflación (la menor de los últimos tres años), lo que “tranquiliza los mercados”; y que incrementa notablemente el gasto social gracias a la reducción del costo operativo del gobierno y sin aumentar los impuestos, lo que “tranquiliza a los empresarios”. 

Porque el narco no es el único avispero que no conviene golpear. Y en el despegue de la Cuarta Transformación lo más importante era evitar las mil veces anunciadas estampidas y turbulencias, estabilizando la economía. Tránsito terso que se logró: en lo que va del sexenio el peso se aprecia frente al dólar, la bolsa se recupera y los precios no aumentan significativamente.

En los dineros, “primero los pobres”. Del más de medio billón de pesos presupuestados que lleva la firma de López Obrador pues corresponde directamente a sus prioridades, alrededor de la mitad va a programas sociales que moderan inmediatamente las carencias y la otra mitad a inversiones productivas que al generar ingreso y empleo irán reduciendo la pobreza de manera sostenible.

Los programas sociales más importantes por su extensión y monto son la Pensión para adultos mayores, que amplía su cobertura y se incrementa; Jóvenes construyendo el futuro, que ofrece aprendizaje y sueldo por un año a quienes buscan empleo; la Beca universal para estudiantes de educación media y superior; los apoyos mensuales a los participantes en el programa forestal Sembrando vida; los bienes de consumo básico subsidiados incluidos en Abasto social de leche, operado por Liconsa, y Abasto rural, a cargo de Diconsa; las cien nuevas escuelas superiores del programa Universidades para el bienestar Benito Juárez García, entre otros.

Algunos de los programas productivos más importantes son de infraestructura, como las obras aeroportuarias en el AICM y Santa Lucía, el Tren Maya, el Corredor Transístmico, la nueva refinería en Tabasco y la regeneración de las existentes, las carreteras y caminos de ingreso a las cabeceras municipales, entre otros.

Son igualmente productivos programas de fomento agrícola como los Precios de garantía a pequeños productores de básicos, la plantación de un millón de hectáreas de árboles maderables y frutales del programa Sembrando vida, y también la reducción del IVA y de los precios de los combustibles en la franja fronteriza con EU.

Presupuesto o botín. No fue fácil. Como siempre a la hora de la negociación, esta vez también se apersonaron en San Lázaro presidentes municipales ansiosos, gobernadores en bancarrota demandando rescate y organizaciones priistas como Antorcha Campesina habituadas al chantaje y que para la ocasión movilizaron a cerca de 17 mil acarreados. Grupos de presión que año tras año van a reclamar lo suyo: cuotas asignadas discrecionalmente con las que los gobernantes federales en turno compraban respaldo político. Tristemente famoso es el Ramo 23, cabildeado por diputados alcaldes y gobernadores, que incluía los ignominiosos “moches” del 15% y que servía para “planchar” la aprobación unánime del presupuesto, una vez que todos habían sido debidamente “maiceados”. Ahí entraban las organizaciones campesinas, que se disputaban alrededor de 500 millones de pesos. 

Ese era el juego. Y tenías que jugarlo si no querías quedar descobijado. De modo que por San Lázaro desfilaban también gremios y organizaciones sociales respetables que ahí trataban de reivindicar los legítimos intereses de sus sectores.

Parte de la 4T es que esta vez las cosas fueron de otra manera. Ciertamente se hicieron en San Lázaro algunas ampliaciones pertinentes, como las de mantener el nivel de recursos destinados a las instituciones públicas de educación superior. Pero lo sustancial de las asignaciones se mantuvo. Y finalmente el presupuesto se aprobó… pero con el voto en contra de la oposición. “Antes la aprobación era unánime -dijo López Obrador-  porque era la repartidera del presupuesto… Se autorizaban obras en donde les daban moches… Ahora ya no va a ser así… No voy a ser rehén de nadie”.

Jalando la cobijita. Una lectura distinta ameritan los reclamos de sectores de la sociedad que vieron afectada presupuestalmente el área en que se ocupan. Artistas, científicos, ambientalistas… demandaron airadamente que el presupuesto asignado a sus ámbitos -sin duda estratégicos y prioritarios- aumentara o cuando menos se mantuviera.

Para 2019 el gobierno federal calcula mayores ingresos petroleros respecto de 2018, producto de un aumento en el precio del crudo. FOTO: José Carlo González / La Jornada

Y está bien que los gremios procuren los dineros públicos que necesitan para proyectarse. Pero hay algo de torpe en esto de jalar la cobijita cada quien para su santo, cuando todos sabemos que los dineros públicos son escasos y que cobijar adecuadamente a unos significa inevitablemente descobijar a otros.

Me hubiera gustado que, en estos gremios, por lo demás muy respetables, algunos se hubieran preguntado: ¿Ese dinero que no nos dieron a nosotros... a quién se lo van a dar? ¿Y si nos lo dan a nosotros… a quién se lo quitan?  Preguntas incómodas porque si sabiendo las respuestas -es decir que los ajustes se hicieron básicamente para que financiar los apoyos a los jóvenes, los viejos y el campo- se persistiera en reivindicar lo propio sin más consideraciones, se estaría peligrosamente cerca de las posturas de quienes reclaman indignados que “el dinero público se les regale a los ninis y a los viejitos, en vez de dárnoslo a los que sí trabajamos”.

¿Y la Sader, en que va a gastar? Para no caer en el penoso paramisantismo, este Suplemento -que sin duda le va al campo- no critica la reducción presupuestal que sufrió la Sader. Entre otras cosas, porque entendemos que también es para fomento agropecuario lo que se destina a Sembrando vida, que está en la Secretaría del bienestar, y que igualmente fomenta la producción rural la parte destinada al campo del presupuesto de Jóvenes construyendo el futuro, que opera la Secretaría del trabajo.

En cambio, lo que no nos acaba de gustar es la distribución de los dineros de la Secretaría. Y es que mientras que el 60% de la parte realmente programable del Presupuesto federal total se le asignó a los proyectos prioritarios comprometidos por López Obrador, en cambio de los 57 mil millones programados inicialmente a la Sader, la Secretaría solo asignó el 47% a proyectos prioritarios. Sesgo que se agravó cuando en la Cámara se le incrementaron los recursos, pues del presupuesto definitivo solo el 41% va dirigido a proyectos prioritarios, treinta por ciento menos que el promedio general.

Resumiendo: en la distribución de los dineros de que dispone la Sader para 2019 se diluye el apoyo a Pequeños productores a la vez que se robustecen Aserca y Senasica, que benefician principalmente a los empresarios, además de que el Secretario celebra a las trasnacionales del ramo. La inevitable conclusión a la que esto nos lleva es que aún no agarran la onda, que hasta ahora la Sader no ha hecho suyo al espíritu de la 4T.

Se nos amargó el café. Ejemplo dramático de este anclaje de la Sader en el pasado, es que mientras que la Secretaría le aplaude a la Nestlé, descobija a los caficultores.

Lo hemos dicho reiteradamente: nuestro grano aromático lo producen principalmente pequeños campesinos (cerca de medio millón), la mayor parte de los cuales son indígenas, quienes con apoyo en las cosechas de unos 3 millones de jornaleros cultivan huertas ubicadas casi siempre en zonas pobres y marginadas del sureste, y lo hacen con sistemas de cultivo bajo sombra, biodiversos y en ocasiones “orgánicos”, que tienen plausibles virtudes ambientales. Además, nuestro café es de alta calidad, destinado en gran medida a la exportación y generador de divisas. ¿Qué más necesitan los responsables del nuevo gobierno para convencerse que apoyar al sector, ahora en severo riesgo, no solo es necesario sino que es urgente?

Y sin embargo una Secretaría que hasta cambió de nombre para ponerse a tono con la 4T, le está dando a la caficultura mexicana un tratamiento mucho peor que el que hasta hace poco recibía de la vieja y proverbialmente neoliberal Sagarpa. En el presupuesto de este año, los recursos para el sector café se redujeron en un 60%. Y del apoyo fiscal necesario para compensar una coyuntural caída de los precios internacionales y permitir que se levante una cosecha que se venía recuperado satisfactoriamente de los estragos de la roya, ni sus luces. ¿Qué les pasa?

Mientras tanto, se cobija a la Nestlé, que piensa establecer una nueva planta en Veracruz destinada a la producción de cafés solubles. Proyecto para el que necesita triplicar su acopio de granos de la variedad robusta; un café que no necesita cultivarse bajo sombra, y que es de menor calidad y precio más bajo que los arábigos y de altura, que son los que aquí mayormente se cultivan y le dan identidad al grano aromático mexicano.

Es cierto lo que en defensa de la nueva planta dijo hace unos días el secretario de agricultura: los cafés de la variedad robusta son más resistentes a la roya que los arábigos y en las partes bajas de la sierra no se pueden sembrar cafés de altura. Pero no dice verdad cuando sostiene que por esas razones la demanda incrementada de la Nestlé no afectará a quienes hoy producen cafés suaves y de altura.

¿Cómo no va a afectarlos cuando el cambio climático y la roya los obligan a realizar fuertes inversiones para renovar sus huertas, los ínfimos precios no cubren ni siquiera el costo de cosechar y el “gobierno del cambio verdadero” reduce a menos de la mitad el monto asignado a los programas de apoyo al sector. No hay que ser muy sospechosista para ver en esto un plan con maña. Una maniobra para que cientos de miles de caficultores mexicanos hoy productores de cafés suaves, arábigos y de altura renueven sus huertas con robustas y se enganchen a la Nestlé, empresa que como único comprador fijaría arbitrariamente los precios.

Lo dijo Cirilo Elotlán, del Consejo Regional de Café de Coatepec: “Por un lado entra esta empresa y por otro nos recortan el presupuesto. La gran interrogante es: ¿qué quiere hacer el gobierno federal de la caficultura mexicana?”.

Que quede claro: nosotros no pedimos que se vaya la Nestlé; exigimos, sí, que se apoye a los caficultores.

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