19 de enero de 2019     Número 136

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África, la nueva frontera extractiva

Celia Murias Morcillo Investigadora del Grupo de Estudios Africanos, Universidad Autónoma de Madrid.  africaye.org


¿Estamos ante un nuevo reparto de África y sus recursos?

La enorme riqueza en recursos naturales (RRNN) del continente africano ha estado habitualmente vinculada en el imaginario popular con los conflictos violentos, la corrupción y la escasa permeabilidad de los procesos democratizadores durante las décadas ochenta y noventa del siglo pasado. La denominada maldición de los recursos –relación directa entre los RRNN y un desempeño negativo económico, político y social– definía a los países productores africanos en el contexto de una fuerte dependencia de los ingresos por las materias primas y la aplicación de las draconianas medidas de los Planes de Ajuste Estructural, entre las que se encontraban la liberalización del mercado y la especialización en la producción de materias primas, que profundizaba su vulnerabilidad y dependencia.

¿Pero en qué lugar se encuentra África en el nuevo contexto global?

¿Nuevo reparto de África?

Hace poco más de una década empezamos a escuchar que África despegaba. El pesimismo de las décadas anteriores dejaba paso a una visión afro optimista basada principalmente en los datos de crecimiento del PIB de muchos países del continente –una lectura economicista con una perspectiva acrítica, que adolecía de reflexión sobre el limitado impacto real de este crecimiento en la mayoría de la población–. En los foros económicos globales esta proclama se traducía en mirar a África como la nueva frontera, un nuevo mercado en el que expandirse y, si nos centramos en los recursos, una nueva frontera extractiva.

El protagonismo de los productores clásicos de hidrocarburos como Angola, Nigeria, Guinea Ecuatorial o los países productores del norte de África, parecía desplazarse hacia la región este del continente, con el descubrimiento de importantes reservas nuevas –o actualmente viables– en países como Uganda, Kenia, en el caso de petróleo, y Tanzania o Mozambique, si hablamos de gas natural offshore.

La Agencia Internacional de la Energía estimó en 2014 que “casi el 30% de los descubrimientos globales de petróleo y gas realizados en los últimos 5 años se han dado en África Subsahariana”. En efecto, se estima que Uganda podría tener unas reservas de 6500 millones de barriles, convirtiendo al país en la 4ª mayor reserva africana tras Nigeria, Angola y Sudán del Sur. Un par de años más tarde, Kenia encontraba en la región Turkana un potencial de 750 millones de barriles. El descubrimiento de 180 billones de pies cúbicos de gas en Mozambique lo ha situado como el hallazgo más importante a nivel mundial en años recientes, en yacimientos en el mar en la frontera con Tanzania, que a su vez posee alrededor de 57 billones de pies cúbicos del mismo.

Visto este potencial, países como Uganda reflejan en sus planes de desarrollo la pretensión de situarse como países de renta media en menos de una década, basándose en el potencial económico de estos hallazgos.

El súper ciclo del alza de precios de las materias primas en el mercado internacional en la primera década del siglo XXI estuvo parcial pero importantemente motivado por la voraz demanda de hidrocarburos y minerales para los procesos de industrialización de los nuevos actores emergentes globales, los llamados BRIC –Brasil, Rusia, India y China–, especialmente este último, que lidera el desembarco en el continente.

Por lo tanto, en este nuevo escenario multipolar, ya no entran en juego solo las tradicionales potencias occidentales, lo que aporta mayor margen de maniobra a los países productores a la hora de poner en valor sus materias primas, y ofrece toda una paleta de grises a las relaciones de poder geoestratégico anteriormente tan en blanco y negro, no sin generar debates relevantes sobre el potencial papel (neo)colonizador de la superpotencia China.

Múltiples voces se preguntaban si estábamos asistiendo a un nuevo reparto de Áfricathe new scramble for Africa– en referencia a aquella primera partición colonial del control territorial y económico del continente que culminó con la regulación efectiva de este control acordada en la Conferencia de Berlín en 1884.

Ya no estamos en los años ochenta o noventa. Los nuevos países potencialmente productores han aplicado o están aplicando una serie de medidas destinadas a mejorar el beneficio económico de estos descubrimientos. La creación de marcos y reformas fiscales más ventajosos para los países anfitriones, medidas para una mayor participación del estado, creación de fondos de estabilización, las políticas de contenido local destinadas a asegurar la formación e inclusión de personal y empresas nacionales en el desarrollo y beneficio de las actividades del sector, son algunas de las medidas adoptadas.

Pero este súbito interés ha comportado también múltiples desafíos. La carrera regional por situarse como líderes del sector en ciernes –el oil rush se le ha llamado– ha puesto en guardia a la sociedad civil y a multitud de organizaciones nacionales e internacionales, que han alertado del peligro de caer en la maldición de los recursos si no se crean paralelamente mecanismos de transparencia e instituciones y legislaciones de regulación y supervisión robustas.

A pesar de las buenas palabras de los gobiernos, han sido numerosas las quejas de estos grupos sobre la falta de transparencia en la firma de acuerdos y licitaciones con las empresas implicadas, o los términos poco garantistas en los que se han redactado los marcos legales del sector, lo que ha generado altos niveles de incertidumbre y desconfianza ante la gestión gubernamental.

La gestión de los impactos medioambientales y sociales no es tema menor. Al manejo de las expectativas de la población, entre la amenaza a sus medios de vida y la promesa de oportunidades laborales, se unen los impactos ya palpables de la construcción de infraestructura asociada. Es el caso del proyecto de la refinería de Hoima en el Lago Albert, Uganda, que acumula denuncias por desplazamiento de población sin la debida consulta y consentimiento previo, libre e informado, así como especulación con la tierra. O también el caso del ambicioso corredor regional de transporte LAPSSET liderado por Kenia, que incluye la construcción de una autopista, un oleoducto y una línea férrea, y cuyos impactos apunta la Plataforma Keniata de la Sociedad Civil sobre Petróleo y Gas (1).

La euforia de la década anterior ha dado paso a cierta estabilización a la baja en los precios del mercado internacional en estos últimos años. Esta ralentización podría ser positiva para dar tiempo a que se hagan efectivos los marcos necesarios para que efectivamente los ingresos provenientes del sector puedansituar a estos estados en la lista de países de renta media, se imponga una buena gestión y la inversión se canalice en mejorar infraestructura, diversificar otros sectores productivos y, en último término, incida en la mejora de las condiciones de vida de la población.

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