El reto de la Conafor

Sergio Madrid Director del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible

Concurso "Vamos a pintar un Árbol 2017", Comisión Nacional Forestal.

La Comisión Nacional Forestal (Conafor) es un organismo público descentralizado que tiene la encomienda de impulsar y promover el desarrollo forestal en México. Esto incluye la puesta en marcha de una serie de instrumentos de política que favorecen la conservación, la protección y el uso sustentable de los recursos forestales. Para cumplir con su función esta Comisión ha contado con un presupuesto autorizado por el Congreso que en 2012 ascendía a poco más de 7 mil millones de pesos. Ese techo presupuestal fue bajando durante el sexenio pasado hasta llegar, en el 2018, a un monto de 4.3 mil millones. Para 2019 el presupuesto de esta Comisión tendrá un nuevo recorte, por lo que contará con tan solo 2.5 mil millones de pesos para operar.

Frente a este recorte presupuestal ha habido diversas reacciones; algunas expresando su preocupación y rechazo, dado que esa Comisión no podrá seguir canalizando ese enorme volumen de subsidios que anualmente repartía a los productores y técnicos forestales. Por otro lado, hay otras voces que expresan que el recorte presupuestal era ya desde hace años una fuerte necesidad, de tal manera que se lograse poner alto a la operación de una institución enormemente ineficiente y corrupta; una institución que abandonó su tarea de promotora del desarrollo de las regiones forestales y pasó a convertirse en una ventanilla de gestión de subsidios.

Las inversiones en subsidios ejercidos por la Comisión Nacional Forestal en los pasados seis años ascendieron a casi 35 mil millones de pesos, un presupuesto superior al de otras instituciones del sector, sin embargo, estos recursos no lograron reactivar las economías locales y regionales, no lograron que las comunidades avanzaran en el camino de controlar los procesos productivos; tampoco lograron reducir las tasas de deforestación y degradación de los bosques y selvas del país.

Más que un tema de aumento o disminución de los montos disponibles para la gestión de subsidios, la institución encargada del impulso al sector forestal requiere de un cambio de enfoque en el que se privilegie el desarrollo de las capacidades productivas, el desarrollo de mercados para los productos forestales. Se requiere invertir en bienes públicos como investigación, infraestructura y la transferencia de tecnología para que los productores forestales, especialmente las empresas forestales comunitarias, puedan avanzar en el control de sus procesos productivos y mejoren así sus condiciones de vida.

La Comisión Nacional Forestal debería dejar de ser una ventanilla para la entrega de apoyos, y convertirse en una institución que enfoca sus esfuerzos y recursos a facilitar el desarrollo de las iniciativas comunitarias de manejo forestal sustentable, brindando acompañamiento técnicos de calidad y fortalecimiento de las capacidades productivas.

De acuerdo con el estudio Subsidios forestales sin rumbo. Apuntes para una política en favor de las comunidades y sus bosques,  realizado por el CCMSS, que hace una revisión de los subsidios ejercidos por la Conafor en el periodo de 2010 a 2017, “la principal respuesta de Conafor hacia la multiplicidad de problemas que enfrentan los territorios forestales ha estado ampliamente sesgada a distribuir subsidios ineficaces, enfocados prioritariamente a la conservación pasiva y la reforestación; sin desarrollar acciones efectivas que atiendan el complejo mosaico de variables sociales, ambientales, normativas, técnicas, políticas y comerciales que repercuten en el desarrollo forestal sustentable”.

A pesar de que la Conafor destinó el 46% de los recursos ejercidos de 2010 a 2017 a actividades de reforestación, restauración y conservación; y otro 26% al Programa de Pago por Servicios Ambientales, no se logró reducir la tasa de deforestación en el país, ya que, de acuerdo con datos de la organización internacional Global Forest Watch en el año 2012 se perdieron 160 mil hectáreas de superficie arbolada y en 2017 la perdida de cobertura forestal ascendió a 299 mil hectáreas.

La Conafor debiera enfocarse a cumplir con el mandato que le impone la ley forestal y convertirse en un agente eficaz que favorezca y reanime el interés por el manejo del bosque generando acuerdos con la autoridad para simplificar la compleja y costosa carga regulatoria que pesa sobre los productores para realizar actividades productivas forestales. La gran cantidad de trámites y gestiones ante las distintas dependencias del sector ambiental genera altos costos económicos y sociales que desincentiva a los dueños de los territorios forestales a manejar sus bosques. 

En este nuevo contexto es tiempo de redirigir los esfuerzos de la Conafor y transitar de un enfoque asistencial centrado en el reparto de subsidios a una nueva política que impulse acciones eficaces que allanen el camino para lograr el desarrollo de las regiones forestales, que empodere a las comunidades y fortalezca sus capacidades para la gestión colectiva y sustentable de sus territorios y les permita a ellos mismos mejorar sus condiciones de vida.

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