La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha sido ineficaz en algunos proyectos, tiene dificultades para vigilar descargas de aguas contaminadas porque hay apenas tres decenas de inspectores para todo el país, y cuando han visitado sin notificar a las industrias, son recibidos con rifles. Se ha emprendido una revisión técnica y administrativa de los grandes contratos de obras, y si hay corrupción se dará a conocer, asegura su directora, Blanca Jiménez Cisneros.

En la primera entrevista que da a un medio, en sus oficinas del sur de la ciudad, precisa a La Jornada que el agua no se va a privatizar: es un bien nacional y punto. Pero el servicio de agua potable es otra cosa y los organismos operadores, ante los bajos recursos públicos para este sector, pueden buscar la participación privada, subir las tarifas o utilizar los impuestos.

Jiménez Cisneros es ingeniera ambiental con especialidad en contaminación, tratamiento de agua residual y reúso. Era directora de la división de agua y secretaria del Programa Hidrológico Internacional en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, cuando fue convocada por el actual gobierno federal para ocupar la dirección de la Conagua.

–¿Por qué se refundará Conagua?

–Se plantea a partir del análisis de la situación actual del país, ya que cuando se fundó la Conagua había un país y necesidades que han ido cambiando. Es indispensable adaptarla a las nuevas necesidades. También, ante cierta polarización que hubo con la sociedad en algunos temas, desde mi perspectiva hacen ver que se requiere hacer cambios importantes. Y hablamos de una Cuarta Transformación: hay que refundar para entrar a este contexto.

–¿Cómo ubica esa polarización con la sociedad?

–La sociedad quizá expresaba que faltaba un entendimiento técnico. Esto llevó a polarizar la discusión, que a veces era más política que técnica. El tema técnico es claro: no sólo hablo de ciencias duras, sino de ciencias sociales y humanidades. Si bien hay que analizar los impactos económicos y sociales que tiene llevar el agua de un lugar a otro, hay que hacerlo de la mejor manera posible.

A veces las soluciones no se trabajaban bien. Para un científico es claro que hay que laborar con la sociedad si se quiere hacer una obra o llevar agua a una comunidad; hay que entender a la gente. Esa falta de trabajo en los temas técnicos, sociales y económicos lleva a creer que la decisión de hacer alguna obra puede pasar sin hablarlo con la sociedad y sin entender lo que ésta necesita.

Beneficiados y afectados

–En el caso de la presa El Zapotillo, donde el pueblo Temacapulín se inundaría, ¿qué se hará?

–En general en las obras grandes siempre va a haber afectados y beneficiados. Y los que se benefician no pagan lo que reciben a quienes se afecta. Estas cosas hay que cuadrarlas; es un problema ahora en El Zapotillo, a cualquier altura de la presa las comunidades se inundarán. A 80 metros se anegará también Temacapulín. Es una altura relativamente peligrosa, porque la obra no está terminada. Conagua hará lo que la gente diga; hay que ver ventajas y desventajas.

–¿Por qué se hará la revisión de los contratos de gran envergadura?

–Mucho sentir social ha sido por revisar y ser más transparentes en los contratos; puede ser que esté fundado o no, pero nuestro deber es tener clara la situación. Revisar contratos grandes cuando hay muchos montos no le hace daño a nadie. Entra el Túnel Emisor Oriente (TEO), la planta de tratamiento de aguas residuales de Atotonilco y otros grandes proyectos. Son procesos lentos y muchos vienen de hace dos o tres sexenios.

▲ Todo el mundo debe tener agua en cantidad y calidad apropiada cerca de su casa, aseguró en entrevista Blanca Jiménez, directora de Conagua.Foto Luis Castillo

Antes de entrar a la revisión de contratos, debemos entender la parte técnica, porque luego puede haber modificaciones de contrato que tienen sentido desde el punto de vista técnico. Una vez entendido esto, se debe pasar a la revisión administrativa. No es un proceso rápido, pero lo vamos a hacer.

–La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha reportado mal ejercicio de recursos.

–Y prácticamente muchas recomendaciones han sido atendidas. Es importante ver el conjunto, es la diferencia con el trabajo que estamos haciendo. La ASF revisa los contratos sin ver la parte técnica; la auditoría que hacemos será más integral. El plan de instalar la K invertida en el Sistema Cutzamala es parte de un proyecto enorme. Sólo es una parte del contrato, hay una serie de obras.

–¿Qué evaluación tiene sobre el TEO (con el que se prevé desalojar las aguas residuales de la Ciudad de México), cuyo costo se elevó en 261 por ciento entre 2008 y 2015, para llegar a 19 mil millones de pesos?

Fallas en el Túnel Emisor Oriente

–Una cosa que detectamos es que no hubo planeación del proyecto en detalle. Se fueron descubriendo diferentes tipos de suelo; se encontró terreno que se colapsa, roca y otros. Esto hizo que el proyecto se fuera tardando. Lo que debió hacerse es tomar un suficiente número de muestras del suelo y en el diseño hacer un cálculo apropiado, dar un costo y concursar. Con insuficiente número de muestras, el proyecto se fue encareciendo.

Estas obras se concursan a empresas, porque el organismo no es constructor. El TEO estará listo este año, antes de que empiecen las lluvias.

–¿La Conagua ha venido operando ineficazmente?

–En algunos proyectos sí, en otros, no. También quisiera dejar claro que no todos aquí son ineficientes o hacen malos manejos. Algunos proyectos se han llevado bien, como en atención a emergencias: hay pocas quejas. El Registro Público de Derechos de Agua es el único que está abierto al público.

–En el presupuesto de egresos, desde hace algunos años hay una tendencia a la baja de recursos en el rubro de agua potable, alcantarillado y saneamiento; ¿esto puede dar la pauta para extender la privatización del servicio?

–En general los proyectos de agua son poco susceptibles de privatizarse, porque la tasa de retorno del dinero es de 30 años. Para hacer atractivo el sector del agua a las empresas se hacen algunos contratos en los que se busca dar ganancia más rápida. Esto se vuelve muy costoso para los usuarios. En este tipo de contratos hay que irse con cuidado. Se encarecen las tarifas, se ponen criterios en los que el gobierno sale perdiendo. Si se hacen contratos que apoyen más al privado, no sirve.

Y hay tres maneras de financiar a los organismos operadores: con el apoyo de la participación privada, mediante impuestos o subir la tarifa del agua. De algún lado tiene que salir el dinero. Esto se trabajará con los organismos; tienen que ser más eficientes y deben funcionar administrativamente para hacer mejor uso del agua.

–Hay organizaciones que confían en que con su llegada a Conagua habrá una ley general de aguas en la que se les tome en cuenta, que comunidades como Temacapulín, en Jalisco, no desaparecerán con la presa El Zapotillo.

–Hay muchas expectativas. Veo muchas necesidades, comparto muchas preocupaciones. Todo el mundo debe tener agua en cantidad y calidad apropiada cerca de su casa, no debe haber contaminación, deben tener seguridad en cuanto a su concesión o asignación. Son seis años. La principal petición a todos es que nos dejen tener gente técnica, que sepa trabajar y que con cada peso hagamos más.