Mundo
Ver día anteriorViernes 18 de enero de 2019Ver día siguienteEdiciones anteriores
Servicio Sindicado RSS
Dixio

Escuela de cadetes de policía, el blanco

Atentado con coche bomba deja 11 muertos y 87 heridos en Colombia

Nunca nos hemos sometido al terrorismo y esta no será la excepción, dice Iván Duque

Foto
▲ El diario colombiano El Tiempo indicó que las víctimas del atentado perpetrado ayer tendrán que ser identificadas mediante pruebas de ADN. Para el ataque se utilizaron 80 kilos de pentolita, suficientes para derribar un edificio de cinco pisos, de acuerdo con la publicación. En la imagen, la camioneta Nissan Patrol modelo 1993 utilizada en el atentado.Foto n tomada de Twitter
 
Periódico La Jornada
Viernes 18 de enero de 2019, p. 23

Bogotá. Al menos 11 personas murieron y 87 resultaron heridas este jueves por la explosión de un carro bomba, cuyo conductor irrumpió en la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, en el sur de esta capital, en un hecho calificado por el gobierno de acto terrorista que provocó temores de un regreso al violento pasado del país sudamericano.

El atacante suicida fue identificado por el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, como José Aldemar Rojas Rodríguez, de 56 años y originario del sureño municipio Puerto Boyacá, quien irrumpió en la academia a las 9:30 horas con una camioneta gris Nissan Patrol, modelo 1993, cargada con 80 kilos de pentolita, un explosivo de alta potencia para fabricar cargas de detonación iniciadoras. El diario El Tiempo señaló que esa cantidad de explosivos puede derribar un edificio de cinco pisos.

Autoridades confirmaron el deceso de Rojas en el ataque, pero no indicaron sus motivos o si tiene vínculos con alguno de los cárteles o grupos armados que aún operan en el país tras el pacto de paz firmado en 2016 con la disuelta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

La hipótesis principal que se maneja es de un atentado terrorista.

Martínez apuntó que el último mantenimiento oficial del auto fue aproximadamente en julio de 2018 n Arauca, departamento fronterizo con Venezuela, y que el ataque se produjo durante una ceremonia de ascenso de oficiales y cadetes.

La detonación fue tan fuerte que destruyó ventanales de varias casas aledañas y generó una enorme columna de humo que nubló el cielo del barrio Villa Mayor, donde se encuentra la academia.

Patrullas, ambulancias, camiones de bomberos y helicópteros de distintos sectores bogotanos se movilizaron a la zona para atender el siniestro.

Testigos relataron que el conductor entró velozmente al centro, arrolló a algunos uniformados y se estrelló contra un muro provocando la explosión. Entre las víctimas extranjeras se encuentran las ecuatorianas Erika Chicó, quien falleció, y Carolina Sanango, quien resultó lesionada, aunque también varios cadetes panameños presentes en la ceremonia podrían figurar en esta lista.

Imágenes publicadas en Twitter muestran los restos de la camioneta en llamas y a cadetes que corren a socorrer a colegas lesionados a lo largo de una calle llena de escombros y cadáveres despedazados.

Usuarios en redes sociales estaban divididos: partidarios del ex presidente ultraderechista Álvaro Uribe criticaron los acuerdos de paz con las FARC, en contraste con otros usuarios que llamaron a no politizar la tragedia y a no polarizar a la población.

Afuera del complejo policial se reunieron decenas de familiares de los cadetes para buscar información, mientras salían ambulancias con heridos. Cientos de personas también colocaron veladoras y flores frente al recinto en señal de luto.

Este demencial acto terrorista no quedará impune, los colombianos nunca nos hemos sometido al terrorismo, siempre lo hemos derrotado y esta no será la excepción, dijo el presidente Iván Duque, en una conferencia de prensa junto al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, tras sostener una reunión privada con el ministro de Defensa, Guillermo Botero, y la principal cúpula militar del país.

Duque, aliado incondicional de Uribe, agregó: Ni un paso atrás frente a quienes atacan miserablemente a la sociedad. Todos juntos, sin distingo, debemos apoyar a la fuerza pública para capturar y castigar, de la mano de la justicia, a los autores de esta barbarie.

Los ataques con vehículos cargados con explosivos fueron frecuentes en Colombia en medio de la guerra del Estado contra el cártel de Medellín, que dirigió el abatido narcotraficante Pablo Escobar a finales de la década de los 80.

Los atentados con explosivos más recientes han sido perpetrados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo con el que Duque mantiene congelados los diálogos de paz a la espera de que libere a 17 personas secuestradas y suspenda sus hostilidades.

El Tiempo también reportó que Rojas es Mocho Kiko, quien preparaba explosivos para el ELN. Con ese perfil encaja el hecho de que Rojas tenga entre sus señas particulares la amputación de la mano derecha.

El ELN se adjudicó este jueves el derribo de un helicóptero y el secuestro de sus tres tripulantes en un incidente ocurrido en el departamento de Norte de Santander, en la frontera con Venezuela.

El diario El Tiempo reportó en su portal que autoridades allegadas al caso aseguran que Rojas perteneció a las FARC y tuvo relaciones cercanas con altos mandos de una fracción de esta guerrilla en Arauca.

Fidel Marulanda Pérez, coordinador en Arauca del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, compuesto por ex miembros de la disuelta guerrilla de las FARC, aseguró al rotativo que Rojas no perteneció a la extinta agrupación.

Las FARC y el gobierno colombiano firmaron un histórico acuerdo de paz en 2016 que puso fin a un conflicto de más de medio siglo que dejó 260 mil muertos y millones de desplazados. Analistas no descartaban que el ataque fuera perpetrado por disidentes de las FARC que rechazaron el pacto de paz.

Entre otros posibles sospechosos del bombazo de este jueves se incluye al clan Úsuga, un cártel que ha sufrido una serie de reveses por parte de la policía.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz reportó que entre el primero de enero y el 17 de noviembre de 2018 fueron asesinados 226 líderes sociales y defensores de derechos humanos en 112 municipios de Colombia.

La Organización de las Naciones Unidas en Colombia, los gobiernos de Estados Unidos, México, Ecuador, Panamá, Paraguay, Brasil, Argentina, Cuba, Nicaragua y Venezuela condenaron el atentado y expresaron solidaridad.