El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán, admitió a trámite la controversia constitucional presentada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), a través de la cual impugnó el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, pero negó la suspensión que solicita el organismo para que no se aplique la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que establece que ningún funcionario puede ganar más que el Presidente de la República.

En su resolución, el ministro señala que la solicitud de suspensión es improcedente porque la admisión es una medida provisional que busca preservar la materia del juicio, y como el PEF ya entró en vigor no puede tener efectos retroactivos.

En la notificación también se menciona que en el caso del Banco de México sí se otorgó la suspensión en los efectos de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, porque la institución no depende del PEF.

Por medio de la lista de acuerdos, la SCJN dio a conocer que se tienen como demandados en este procedimiento constitucional a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y al titular del Poder Ejecutivo federal.

Pérez Dayán consideró que no puede operar como medida cautelar lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 75 de la Constitución, en el sentido de que, en caso de omitirse fijar remuneración en el presupuesto de egresos, se mantenga la establecida en el presupuesto anterior, pues sí existe un monto específico (el máximo son 108 mil pesos para el Presidente) y de allí se deben fijar el resto de los sueldos en el IFT.