Por no incluir recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para continuar la obra y con el argumento de que la suspensión del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) viola la garantía constitucional de economía, eficiencia y eficacia del gasto público (artículo 134 de la Constitución), al derrochar arbitrariamente el erario, un abogado jalisciense presentó una demanda de amparo contra el Presidente, secretarios de Estado y el Congreso de la Unión.

El recurso, promovido por Alberto García Ruvalcaba, fue aceptado por el juzgado decimotercero de distrito en materias administrativa, civil y de trabajo con sede en Zapopan, Jalisco. La demanda acusa al presidente Andrés Manuel López Obrador de la decisión de cancelar la obra. En ésta se incluye a los titulares de las secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública por no continuar con la obra, a la que durante cuatro ejercicios fiscales ininterrumpidos se entregaron recursos públicos.

Sin mencionar los presuntos actos de corrupción en torno a la obra, que apuntan a un desvío de recursos de funcionarios que hasta noviembre trabajaban en la obra, el litigio, en materia de garantía de responsabilidad hacendaria, subraya que es competencia de los contribuyentes exigir que no se derrochen los recursos públicos, derivada de la obligación de contribuir al gasto público.

En ese tenor, reitera que la decisión de construir el aeropuerto en Santa Lucía e inyectar recursos para restaurar los aeropuertos de Ciudad de México y Toluca implica un gasto de 18 mil millones de pesos, sin que la erogación se respalde con estudios de factibilidad técnica, costos y beneficios, mercado, legalidad, administrativos, ambientales, financieros, ni de flujo de costos y beneficios sociales.

El texto califica la decisión de suspender el NAIM de arbitraria y caprichosa, patentemente irracional y antieconómica, ya que, según lo reportado por el Grupo Aeroportuario de Ciudad de México, se contaba con un avance de alrededor de 30 por ciento y una inversión ejecutada de 60 mil millones de pesos.

Apunta que el interés de promover el recurso es porque se violan el derecho a la propiedad privada, el destino de las contribuciones del gasto público y vivir en un estado de derecho.