La suma de dinero blanqueado en gasolineras que operan en el territorio nacional alcanza 45 mil millones de pesos. Estamos hablando de corrupción política, delincuencia organizada y defraudación fiscal, asegura Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En entrevista con La Jornada, anticipa la creación de una guardia financiera, encargada de seguir la ruta del dinero de los grupos delictivos. En México, estima, el blanqueo de fondos obtenidos por la delincuencia organizada alcanza 30 mil millones de dólares al año. Revela que el siguiente objetivo de la UIF, entidad que reporta directamente al titular de Hacienda, Carlos Urzúa Macías, es atacar el flujo de fondos de las bandas dedicadas a la trata. Además, dio a conocer que se han detectado más servidores públicos involucrados en lavado de dinero procedente del robo de combustibles.

–Mencionó por la mañana (ayer) que es de 10 mil millones de pesos el lavado de dinero obtenido por robo de combustible.

–Son 10 mil millones de pesos para los años 2017 y 2018. Esa cifra corresponde sólo a reportes bancarios relacionados con el sector financiero. La cantidad puede ser mayor, porque cuando detectamos a una persona empezamos a ver alrededor suyo cómo se ha movido el dinero y eso se va incrementando. El dato de origen son 10 mil millones por los reportes de los bancos, pero evidentemente es mayor.

–¿Cuánto es mayor?

–En reportes bancarios tenemos 45 mil millones de pesos, solamente en temas relacionados con gasolineras que reciben de forma inusual recursos en efectivo. Esos 45 mil millones serían el universo general que pudiera ser lavado. De ese monto, 10 mil millones son los que encontramos específicamente en hidrocarburos, pero insisto en que es una parte menor de todas las dimensiones del problema.

–¿Esos 45 mil millones son el dinero en efectivo de las gasolineras?

–La cifra puede aumentar. El asunto es que si no se supera un determinado umbral (de depósitos en efectivo), entonces los bancos no lo reportan a la UIF, a pesar de que se trate de una persona vinculada con el robo de hidrocarburos o una persona que esté haciendo depósitos inusuales de recursos en efectivo. (Los bancos reportan operaciones mayores al equivalente a 10 mil dólares, unos 200 mil pesos).

–Para poner la cifra en dimensión, ¿cuál es el universo de lavado del crimen organizado en el país?

–Se calcula en 30 mil millones de dólares, por la (Secretaría de la) Función Pública. Es el dato más fidedigno. Setenta por ciento de recursos del crimen organizado se blanquea en América Latina, en México, Panamá, Brasil y Argentina. No es un tema sólo de nuestro país.

“Lo que quiero comentar es que estas son las primeras investigaciones. Los números, ciertamente, aumentarán conforme vayamos avanzando, y quiero referir que solamente es 2017 y 2018 lo que se tomó como parámetro. Si fuéramos hacia atrás, podríamos encontrar datos peores relacionados con el país.

–¿En los casos de robo de combustible y operaciones con efectivo en gasolineras se está hablando de delincuencia organizada?

–Sí, de corrupción política, delincuencia organizada, defraudación fiscal por empresarios, políticos y grupos delincuenciales en perjuicio de Pemex y de la sociedad.

Cincuenta empresas

–Con la información que ha recolectado la UIF hasta hoy sobre el robo de combustible, ¿qué sigue?

–Vamos a seguir analizando a las 50 empresas en que detectamos un mayor uso de recursos en efectivo, más otras 32 compañías, personas físicas y morales, que encontramos por entidad federativa y que tienen un grado de calificación más alto en nuestro modelo de riesgos y los 194 contribuyentes que nos ha pedido el Servicio de Administración Tributaria para presentar denuncias ante la Procuraduría General de la República y congelar las cuentas.

“Evidentemente esas personas físicas y morales se van a defender jurídicamente, pero nosotros hemos hecho un compromiso, la Fiscalía General de la República, el doctor (Alejandro) Gertz Manero y yo, para que vayamos acompañando, como coadyuvantes, el seguimiento de los casos al momento de formular la imputación ante los jueces y que se siga llevando el procedimiento penal.

Son tres objetivos: dar mayor número de casos a los tribunales; tener más sentencias y, finalmente, lograr la extinción de dominio de esos recursos que provinieron de los grupos de delincuencia. Hablo del huachicol.

–Mencionó que el lavado de dinero por huachicoleo se ha realizado en el sistema financiero. ¿Qué otros intermediarios, además de los bancos?

–Aparte del sistema financiero tenemos a notarios, corredores públicos, vendedores de arte, joyas, autos, desarrolladores inmobiliarios, sobre todo en el esquema de preventa, y activos virtuales, entre otros espacios donde puede haber blanqueo.

–¿Y otros intermediarios, como los centros cambiarios o casas de bolsa?

–Centros cambiarios, exactamente, casas de bolsa, dispensadores de efectivo. Todos ellos tienen la obligación de reportar a la UIF. De hecho lo hacen en otro tipo de temas.

El tema relacionado con la trata: los dispensadores de efectivo, los centros cambiarios, los hoteles y moteles son espacios que nos llevan a información para poder tener un esquema de ataque y de combate a la trata, que va a ser el siguiente modelo que vamos a estar desarrollando después del robo de hidrocarburos.

–¿Cuál es la diferencia en el trabajo que está haciendo ahora la UIF respecto del pasado?

–Existe una transformación del modelo de hacer las cosas, de la inteligencia financiera, a partir de elementos conceptuales. Empezar a trabajar esto del robo de hidrocarburos, la corrupción política como elemento conceptual y mover los modelos de riesgo de los sistemas informáticos de la UIF para encontrar elementos coincidentes y casos que pudieran ser llevados ante el Ministerio Público y después ante los tribunales. Eso es una variación relevante. Por otro lado, la idea de generar una institución que sea proactiva para atender los problemas que se encuentran presentes en la sociedad mexicana.

“Hay un punto importante que se empieza a reflexionar y es que el Plan Nacional de Paz y Seguridad establece la creación de una guardia financiera, que puede ser un paso importante a efecto de poner a estos agentes de la policía financiera como primeros responsables de recibir la información para que cuando se presenten las denuncias ya vengan acompañadas de los datos de prueba que faciliten al Ministerio Público ejercer la acción penal. En la medida en que ajustemos los tiempos en la investigación financiera, podemos generar un mejor esquema de trabajo para que las autoridades correspondientes ejerzan más rápido la acción penal en contra de la persona responsable.

–¿Se puede establecer algún tipo de conexión entre los grupos dedicados al robo y venta de combustibles con otras actividades de crimen organizado?

–A escala municipal se puede medir que los lugares por donde pasan los ductos de Pemex son aquellos donde tenemos mayor número de reportes de actividades inusuales, donde tenemos un mayor número de tomas clandestinas y donde, de acuerdo con la Unidad de Información de la Fiscalía General de la República y de las fiscalías locales, se incrementa también otro tipo de conductas delictivas, como homicidio y secuestro. Al haber una identidad geográfica, intuimos, o esa es la hipótesis, que están relacionadas esas actividades delictivas con el robo de hidrocarburos.

–¿Se ha encontrado alguna relación con personas políticamente expuestas?

–Sí. Tenemos en este momento unos casos. De los cinco denunciados, tres están relacionados con personas políticamente expuestas; dos eran autoridades de carácter local, y uno federal. En el siguiente modelo, en el siguiente corte de información, ya hemos detectado también otros servidores públicos involucrados en ese tema. Me quisiera esperar hasta que tengamos la información completa. “La idea es que podamos generar cortes mensuales o quincenales reportando los avances de las denuncias y de las investigaciones. Ahora el objetivo es que cada denuncia que se presente vaya acompañada del congelamiento de las cuentas de los sujetos denunciados, para efecto de que el dinero sea resguardado en una primera instancia por los bancos y en su momento asegurado por el Ministerio Público, con la finalidad de conseguir la extinción de dominio y al final el proceso penal.