A partir de las observaciones que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) y el ombudsman nacional acordaron –en­tre otras medidas– la revisión de los procedimientos y controles existentes sobre la actuación y desempeño de las corporaciones policiales municipales, estatales y federales, así como del uso de los instrumentos y equipos que se les proporciona para el desempeño de su empleo, a fin de identificar aspectos que deban ser objeto de control y supervisión para evitar violaciones a derechos humanos.

La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSP-PC) informó que el Sesnsp sumará esfuerzos y se pondrá a consideración la implementación de un reporte y registro de infractores de normas administrativas o penales, desde el momento del primer contacto hasta la emisión de la boleta de infracción o remisión y puesta a disposición de la autoridad a la que competa conocer de la infracción, con monitoreo de los Carros Radio Patrulla (CRP) mediante Sistema de Posicionamiento Global y el uso de equipos de audio y video instalados en los CRP, para documentar todo contacto e intervención con la población.

Asistieron al encuentro José Trinidad Larrieta Carrasco, titular de la Oficina Especial del Caso Iguala, de la CNDH; la secretaria ejecutiva adjunta del Sesnsp, Eunice Rendón Cárdenas; el titular del Centro Nacional de Información, David Pérez Esparza; el mando del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, Luis García López Guerrero, y el titular del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, Mauricio Ibarra Romo. Otro acuerdo entre ambas instituciones consiste en la realización de mesas temáticas para la construcción de políticas públicas con perspectiva de derechos humanos en materia de seguridad.