niciado otra política de salud –no neoliberal– el acuerdo entre el gobierno federal y gobernadores de ocho entidades para hacer efectivo el acceso a la atención médica y medicamentos gratuitos de la población sin seguridad social (14/12/18) confirma la correcta percepción del presidente López Obrador sobre el lamentoso estado del asunto público: esta peor que la educación, así como la pertinencia de la ruta trazada por el secretario Jorge Alcocer para imprimirle urgente reorientación.

Percepción presidencial correcta, con ruta de acción pertinente para garantizar que, finalmente, los recursos sanitarios lleguen abajo: a los más pobres, como nunca ocurrió con las descentralizaciones: Soberón (1982-88) y De la Fuente-Narro (1994-2000) y, sobre las cuales operó el fallido (ahora extinto) ni Seguro ni Popular, de frecuente uso electorero.

El acuerdo atenderá población sin seguridad social mediante un programa (no plan) gradual, incorporando ocho estados por semestre durante dos años Compromiso-1(C-I). Con una honda recentralización (C-2), transferencia de instalaciones/recursos financieros (C-3) y adecuaciones normativas para que la Secretaría de Salud federal (Ssa) organice, opere, supervise y evalúe la prestación del servicio. Además de coordinar la acción conjunta de instituciones públicas federales y estatales (C-7) como urgencias en infarto agudo de corazón, infarto/hemorragia vascular-cerebral, obstétricas y lesiones graves por accidentes y violencias (C-8).

Como en toda política pública, la implementación del acuerdo mostrará la viabilidad del diseño. ¿Cuál es su naturaleza? 1) Es un programa exclusivo para la población sin seguridad social. ¿Conlleva el riesgo de incurrir en una desnaturalización institucional (IMSS/Issste) para atenderla? A más de quedar pendiente el resto del sector. 2) Como anticipara el doctor Alcocer, se materializa un necesario viraje hacia la prevención/promoción (C-4) –sin descuidar la atención clínica rutinaria– y en la propia definición de las redes coordinadas con participación de los Institutos Nacionales de Salud (C-5). Pero ¿cuánto tardará en impactar sobre la curva de la demanda curativa?

3) Aunque sobradamente justificada por el nivel de corrupción imperante, la profunda recentralización diseñada ¿puede traducirse en un riesgo que descuide el equilibrio flexible entre el marco federal de la toma de decisiones y la operación soberana de los niveles locales y municipales? ¿Los diseñadores del acuerdo conocen acaso que la efectividad de la política social federalista se potencia con los diseños abajo-arriba entre pares iguales? ¿Se prestan mejores servicios con la recentralización que con la descentralización? ¿Cómo conciliar flexiblemente el cuadro de la morbimortalidad estatal-municipal-local desde el centro?

4) A pesar de las inevitables ofertas de regularización laboral (C-3) y del ofrecido cumplimiento de estándares de suficiencia para brindar servicios adecuados (C-6 y C-9), claramente –a diferencia de la propuesta educativa del nuevo gobierno– este diseño no resulta de escucha/consulta/diálogo con el frente de operación responsable directo del servicio: el ensamble interprofesional de los equipos de salud. Vuelve a ser un diseño aéreo, impuesto desde arriba, con un modelo de atención predefinido (C-4) que porta, además, una implícita recarga –en el corazón médico-clínico– de sus tareas (C-8).

5) Como ocurre con la mal llamada pensión universal que, en rigor, sólo duplica un apoyo alimentario a adultos mayores, cabe preguntar a los diseñadores ¿por qué aludir a la universalización cuando el sector no está recapitalizado (C-3)? Ciertamente se contemplan recursos por 90 mil millones de pesos (Seguro Popular) y 22 mil 500 adicionales. Pero están destinados, apenas, a las seis entidades en que opera el Programa IMSS-Bienestar (Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Campeche y Yucatán) y las dos que atenderá Ssa (Tabasco y Quintana Roo).

Pensiones que son apoyos, sistema único y universalización sin recapitalización sectorial integran, sin duda, otro tema: la nueva narrativa del obradorismo situando símbolos emergentes en el imaginario colectivo; iniciativas no clientelares sino universales (Chantal Mouffe, Página 12, 25/11/18), que proponen otro bienestar con desenlaces inciertos, como anticipan las experiencias de Brasil, Bolivia y Ecuador.

6) No hay medicamentos gratuitos: alguien los paga, derivando de un acto previo de atención-diagnóstico (C-5). ¿Los diseñadores reflexionaron, acaso, sobre la posibilidad –más responsable frente a las poblaciones usuarias– de publicitarlos como para todos?

Ante la certeza del secretario Alcocer de que el abandono y deterioro de los servicios en los pasados 36 años ha provocado una emergencia nacional, la apuesta del Poder Ejecutivo: primero los pobres, se expresa en este primer acuerdo que, operando, mostrará si es adecuado y viable o, como el neoliberal, erró.

*Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco