La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) propuso ayer crear una corporación intermedia de carácter civil, que coadyuve en la transición entre la intervención militar directa en tareas de seguridad pública y las policías, y planteó que el Estado mexicano consulte a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la compatibilidad de la Guardia Nacional con el régimen iberoamericano en la materia.

La garantía de los derechos de los ciudadanos no puede quedar depositada en estructuras militares. La Guardia Nacional no garantiza justicia y se marca una ruta para militarizar áreas reservadas a instituciones civiles, dijo ayer el ombudsman Luis Raúl González Pérez.

En el contexto de las audiencias públicas sobre la reforma constitucional que pretende permitir a militares y marinos participar en tareas de seguridad pública, Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, explicó que el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales no cumple con los parámetros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Refirió que ésta ha definido que de manera excepcional la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública debe ser extraordinaria. En el caso de la Guardia Nacional no sería extraordinaria, pues normaliza lo que debe ser excepcional, hace permanente lo que debe ser temporal y amplía una labor que debe estar circunscrita a criterios de estricta necesidad.

Por la tarde, en la presentación de la cinta Hasta los dientes –que documenta el asesinato de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey por el Ejército–, el actor Diego Luna preguntó por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó atrás su promesa de una Guardia Nacional con un mando no militar.

Y de repente cambió la postura, no sé por qué. No sé si ustedes lo saben. Hoy quiero saber qué pasó, cómo fue que cambió esa postura, de repente nos encontramos discutiendo esto, cuestionó.

La diputada Tatiana Clouthier (Morena) dijo que, en efecto, López Obrador no habló en campaña de una corporación bajo mando militar, pero que posteriormente el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, explicó a los diputados que había una estrategia distinta.

Agregó: “Los militares están hechos para jugar guerras –lo digo en sentido figurado–; fueron entrenados para moverse y si nos están diciendo que en el mundo la tendencia es conquistar espacios, ahí viene de alguna manera una respuesta”.

A su vez, González Pérez dijo que si bien por el momento no es viable el retiro de militares y marinos de las calles, ese hecho no puede justificar que pretenda verse en esa presencia la solución básica al problema y, en razón de ello, se busque perpetuarla.

Además, resaltó que las características y funciones que se proponen para la Guardia Nacional constituyen una respuesta parcial, incompleta y sesgada a la violencia e inseguridad; genera el riesgo de vulnerar los derechos y, sobre todo, debilita la institucionalidad civil y democrática del país.