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Tribunal español pide trasladar a Madrid a 9 independentistas presos en Cataluña
 
Periódico La Jornada
Viernes 11 de enero de 2019, p. 28

Madrid. El Tribunal Supremo español pidió este jueves el traslado a Madrid de los nueve dirigentes independentistas catalanes que se hallan en prisión preventiva con el fin de que estén disponibles la última semana de enero para ser juzgados por su participación en el intento de secesión de 2017.

La fecha de inicio del juicio no se ha fijado, aunque según uno de los bufetes de abogados que garantizan la defensa de los independentistas, se prevé entre el 29 de enero y el 4 de febrero.

En una carta dirigida a Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, el presidente del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, pidió el traslado a Madrid de los nueve independentistas presos en Cataluña.

En total, 12 dirigentes catalanes serán juzgados en Madrid. La fiscalía ha pedido en su contra entre siete y 25 años de prisión por rebelión y/o malversación de recursos públicos. Otros seis acusados del delito de desobediencia serán finalmente juzgados por un tribunal en Cataluña.

El ex vicepresidente regional catalán Oriol Junqueras es el único que se expone a la pena más elevada de 25 años de cárcel y de inhabilitación.

Tras organizar un referendo de autodeterminación realizado el primero de octubre de 2017, que fue prohibido por la justicia, los separatistas proclamaron de manera unilateral la independencia el 27 de ese mes.

El cargo de rebelión, que implica la noción de levantamiento violento, promete ser una de las cuestiones más polémicas del proceso. Ha sido rebatida no sólo por los independentistas, sino también por varios juristas destacados.

El gobierno socialista descartó este cargo y ha optado por acusar a los implicados del delito de sedición, que es menos grave, y solicitó penas de un máximo de 12 años de cárcel.

El ex presidente catalán Carles Puigdemont, refugiado en Bélgica desde finales de octubre de 2017, también está acusado de rebelión, pero no será procesado, ya que España no juzga en ausencia.