La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoció la pertinencia de que el gobierno federal haya emprendido acciones para combatir el robo y la venta ilícita de hidrocarburos, pero también subrayó que estas medidas no deben vulnerar las garantías de las personas, por lo cual es necesario reducir las afectaciones derivadas de dicha estrategia y garantizar el suministro y disponibilidad del combustible a la sociedad.

El organismo presidido por el ombudsman Luis Raúl González Pérez se pronunció ayer ante la problemática que se presenta en diversas regiones del país por la falta de suministro de gasolinas, como consecuencia de los cierres de ductos y otras acciones emprendidas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador contra el llamado huachicoleo.

Es preciso, subrayó la comisión, realizar una investigación objetiva, integral y profesional sobre el robo de hidrocarburos, que comprenda tanto a las personas involucradas en la extracción ilícita como a las relacionadas con el transporte y la comercialización, con la finalidad de que esta actividad se combata frontalmente y no subsista la impunidad.

La CNDH reconoce la pertinencia de emprender tales acciones, pero llama la atención sobre la necesidad de prevenir que las mismas vulneren los derechos de las personas y se garantice la continuidad en la prestación de los servicios públicos.