Las autoridades educativas no actuaron de manera adecuada para evitar que 20 estudiantes de 10 escuelas de educación básica (tres privadas y siete públicas) fueran víctimas de violencia física, sexual y sicológica en diferentes hechos ocurridos entre 2013 y 2014, determinó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Por estos casos, emitió una recomendación dirigida al titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma, y a otras instancias de gobierno, al acreditar que se dieron violaciones a los derechos humanos al trato digno, a la integridad y seguridad personal, a una vida libre de violencia, a la educación, al sano desarrollo integral y al acceso a la justicia y a un recurso efectivo por la omisión del deber de cuidado e inobservancia del interés superior de la niñez en agravio de los menores de estas escuelas ubicadas en Ciudad de México, Hidalgo y Tabasco.

La recomendación 86/2018 es producto de nueve expedientes de queja. Los hechos violatorios ocurrieron en diversas fechas, en tres prescolares privados, cuatro escuelas primarias y una secundaria públicas de Ciudad de México; un prescolar comunitario del Consejo Nacional de Fomento Educativo en Hidalgo, y en una secundaria pública en Tabasco. Los menores violentados fueron nueve niñas, siete niños y cuatro adolescentes.

Tras las indagatorias respectivas, la CNDH acreditó en algunos casos violencia escolar ejercida por docentes o autoridades escolares en contra de los menores; en otros se observó violencia entre los mismos alumnos y, al no existir una supervisión adecuada por parte de los profesores, las agresiones se incrementaron.

En las demás ocasiones, los abusos fueron disfrazados como juegos, bromas o cariños, lo que –consideró la CNDH– cobra relevancia, pues los pequeños podrían no reconocerlos como ataques, o bien ocultarlos por temor y vergüenza, así como debido a la frecuente falta de credibilidad, descalificaciones, ejercicio arbitrario de la autoridad, falta de cuidado o indiferencia por parte de docentes y directivos cuando se denuncia, lo que genera a su vez exclusión social y revictimización.