La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos al considerar que adolece de definiciones que generan incertidumbre sobre cómo deben regularse las remuneraciones de su personal.

Argumentó que el artículo 28 constitucional le concede un régimen especial como órgano autónomo de especialización técnica, mientras que en la fracción tercera del artículo 127 constitucional se indica que servidores públicos responsables de conducir trabajos técnicos calificados o especializados puedan recibir un excedente salarial no mayor a 50 por ciento de la remuneración del presidente de la República.

Sin embargo, advirtió que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019 se asienta que la remuneración de los servidores públicos de la comisión en ningún caso podrá ser superior a la fijada para el cargo de presidente de la República en este mismo año 2019: Eso contrasta con lo asentado en el artículo 127, por lo que se requiere tener claridad al respecto ya que su autonomía técnica está sustentada en su capacidad de atraer, retener y especializar a su capital humano.

La Cofece aseguró que la controversia que presentó no tiene la intención de ir contra las estrategias del gobierno para lograr un México más justo e incluyente, sino que busca claridad y certidumbre sobre su autonomía constitucional.

El organismo regulador solicitó un presupuesto de 582 mil 803 millones de pesos y estableció en 2 millones 152 mil 385 pesos la remuneración total anual neta para la presidenta consejera. El monto rebasa por 489 mil pesos o en 29.42 por ciento la remuneración total anual del presidente de la República fijada en un millón 663 mil 50 pesos, según el PEF.

A diferencia de otros organismos autónomos, la Cofece no sufrió ningún recorte en el presupuesto para 2019 que presentó al Ejecutivo Federal y que fue aprobado por la Cámara de Diputados, por lo cual hizo un reconocimiento a esta última al tiempo de asegurar que respalda la voluntad del gobierno federal de aplicar una política de austeridad que haga mejor uso de los recursos al alcance de las instituciones.

Sostuvo que de manera permanente ha mantenido un marco de austeridad institucional y su gasto anual equivale apenas a 0.012 por ciento del PEF y 0.5 por ciento de los recursos ejercidos por todos los organismos autónomos, lo que la ubica con el presupuesto más restringido entre ellos.