a tragedia que sucedió el pasado 24 de diciembre en la sierra de Puebla, en la que perdieron la vida la gobernadora de ese estado y su esposo, un senador de la República, junto con otras tres personas, vino a complicar la situación política local, que ya de por sí se había alterado seriamente con el resultado de las elecciones, las cuales fueron muy cuestionadas, al grado de haber regresado al conteo de votos y a la revisión y calificación que finalmente hizo el tribunal electoral en favor de la candidata del Partido Acción Nacional, quien murió en ese accidente 10 días después de haber tomado posesión.
A partir de ese momento se desató una campaña sucia en las redes sociales y en los medios de comunicación, pretendiendo acusar y poner en duda ante el pueblo de México la responsabilidad del gobierno federal en ese incidente. De inmediato, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respondió de manera directa y franca, como acostumbra hacerlo, calificando a un pequeño grupo de provocadores de lo más reaccionario de neofascistas y mezquinos, los cuales intentaron manchar y denigrar al nuevo gobierno para desacreditarlo y ellos cobrar venganza con la supuesta desestabilización que realizarían en respuesta a su frustración y resentimiento por haber perdido las elecciones contra una amplia mayoría de AMLO y del Partido de Morena.
Incluso, el ex presidente Vicente Fox criticó, con su hipocresía e insensatez habituales, que el presidente López Obrador no hubiera asistido personalmente a la ceremonia luctuosa. O Fox no tiene memoria o de plano utiliza cualquier pretexto para atacar al Presidente actual de una manera irresponsable y tonta. Cómo se le puede olvidar al mismo Fox que cuando ocurrió la explosión de la mina de Pasta de Conchos el 19 de febrero de 2006, en el municipio de San Juan de Sabinas, en Coahuila, en la cual 65 dignos mineros murieron y él jamás se presentó al lugar de la tragedia, ni tampoco el dueño de la concesión, Germán Feliciano Larrea. Fueron 65 familias desamparadas y 65 cuerpos abandonados, producto de la negligencia criminal y la arrogancia de Grupo México y de su presidente, el cual siempre donó enormes cantidades de dinero a la fundación Vamos México, de la ex primera dama Marta Sahagún de Fox. La complicidad y la corrupción entre esos personajes frente a las afirmaciones, críticas y cuestionamientos actuales de Fox son un claro ejemplo de la doble moral y el doble lenguaje de esos panistas sin calidad ética y sin escrúpulos.
Pero igual sucedió durante el gobierno panista de Felipe Calderón en el cual ocurrieron la mayor cantidad de crímenes, asesinatos, desapariciones y torturas que jamás habíamos visto ni experimentado en la historia de México. Incluso, la muerte de varios secretarios de Estado de su gabinete –dos de Gobernación y uno de Seguridad Pública, entre otros más–, sin que a la fecha se conozcan en detalle las causas que provocaron esos accidentes, ni el resultado de las investigaciones que hubieran conducido a sospechas, comprobaciones y actuaciones legales en contra de los supuestos culpables. Es más, Calderón dejó convertido el territorio mexicano en un cementerio con miles de fosas clandestinas, actos criminales que siguen impunes.
Pero si nos vamos al gobierno de Enrique Peña Nieto, que acaba de terminar, no existe registro de que el ex presidente se haya presentado jamás en Ayotzinapa, Guerrero, a dar el pésame a los familiares o su apoyo y solidaridad a los seres más queridos de los 43 estudiantes desaparecidos, sin que hasta hoy se sepa de su paradero ni de la responsabilidad de los culpables o la terrible, indignante y vergonzosa situación en que fueron atacados, destruidos o eliminados. Un crimen que aún permanece en la total impunidad y estará siempre en la conciencia de todos los mexicanos que exigimos justicia. Tampoco Peña Nieto visitó Tlatlaya, en el estado de México, donde 22 jóvenes fueron masacrados en un acto de represión fascista, inmoral y sin proceso o juicio legal. Y así hubo muchos asesinatos y desapariciones sin presencia oficial, sin explicaciones claras y sin culpables.
Es claro que hasta ahora el sistema y los gobernantes de los 30 años pasados por lo menos, se han dedicado a proteger a sus cómplices, a ofender al pueblo de México con la impunidad que han mantenido y a fomentar la corrupción sin castigo a través del saqueo de los recursos naturales del país por parte de unos cuantos traficantes de influencias y traidores a la patria. Son los mismos que se han dedicado a la explotación de la clase trabajadora en las peores condiciones y reduciendo o congelando los salarios hasta convertirlos en los más bajos de América Latina.
Y son también los mismos sujetos que pretenden desvirtuar o empañar los objetivos nacionales del presidente López Obrador para transformar al país y convertirlo en uno de mayor justicia, equidad, sin corrupción e impunidad y con una creciente seguridad y bienestar para todos. Su frustración no les alcanza para revertir la voluntad mayoritaria del pueblo de México; quieren deformar la nueva realidad y desearían echar abajo el proyecto de cambio nacional y el triunfo de Morena.
Por ello, la mayoría de la población decidió hacer a un lado a los falsos e hipócritas que dicen una cosa y hacen otra muy diferente. El pueblo tomó la decisión y lo confirmó en las pasadas elecciones, de que México es primero y que no es de los traidores o de los corruptos que han abusado y destruido nuestra realidad. Si esos grupos reaccionarios y cerrados continúan con sus ataques, manipulaciones, así como campañas sucias y destructivas que no ayudan al país a salir adelante del desastre que dejaron, van a obligar o forzar al sistema a que los investigue y los castigue. Lo están pidiendo a gritos; en todo caso se lo merecerían, pues con su conducta y perversidad están queriendo impedir que el presidente, su grupo de trabajo, su gobierno, logren transformar para bien a la nación, a la cual le urge una nueva oportunidad de renacer y avanzar al desarrollo, el progreso, la justicia y la dignidad.