El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador prevé amnistía para presos políticos, no así para militares que, aunque han aportado pruebas de que no cometieron violaciones a derechos humanos, continúan en prisión.

Pese a que las fuerzas armadas llevaron a cabo tareas de seguridad pública sin un marco jurídico que los respaldara durante la llamada guerra contra el narcotráfico, ninguno de los casos de marinos o militares que están en proceso o ya recibieron sentencia es analizado para un posible beneficio de libertad, como los de la lista que presentó la senadora Nestora Salgado a la Secretaría de Gobernación.

Es el caso del teniente Francisco Aguilar Cisneros, quien a principios de 2013 fue enviado a la región de Tierra Caliente de Guerrero para indagar, junto con otros militares, sobre un grupo que había emboscado a soldados que hacían tareas de lucha contra el narcotráfico.

Aguilar llegó al poblado de Aratichanguio, en el municipio de Zirándaro, donde se repitió la escena. El grupo militar fue emboscado. El efectivo y otros elementos respondieron la agresión, en la que uno de los civiles armados falleció. Pese a que comprobó con peritajes que la ojiva que tenía el civil no coincidía con el arma del acusado, un juez lo sentenció a 30 años de cárcel.

Cerca de mil militares y marinos están en prisión por delitos contra la disciplina militar, homicidio o presuntos nexos con cárteles de la droga. Información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) señala que en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio abrió 9 mil 62 carpetas de investigación, de las cuales 2 mil 695 están pendientes de concluir.

Además, en ese sistema, señala, 984 militares han ingresado a prisión por diversas faltas.

En 2010 un teniente fue detenido al ser señalado por testigos como parte de la Familia Michoacana; al siguiente año, 11 militares también fueron detenidos por presunta participación como halcones de la misma organización; la base para inculparlos fueron dichos de testigos.

La Procuraduría General de la República tiene abiertas 66 averiguaciones previas contra de elementos de la Sedena por probable comisión de delitos como tortura, desaparición forzada, violación, homicidio, abuso de autoridad y privación de la libertad.

Según información de la dependencia, los presuntos delitos se cometieron en Baja California, Oaxaca, Chihuahua, Zacatecas, Nuevo León, Tabasco, Nayarit, Guerrero y nueve entidades más.