uando el gobierno de Ernesto Zedillo decidió encarar la quiebra del sistema bancario, reprivatizado por su antecesor Carlos Salinas de Gortari, mediante la conversión de los pasivos de bancos y empresas en deuda pública, se dijo que en 20 años habrían sido cubiertos tanto el monto original como sus intereses.
Transcurridas más de dos décadas del colosal fraude a los ciudadanos, no sólo no se ha cubierto el saldo, sino que entre los años 2000 y 2016, éste creció 67 por ciento, a pesar de que en ese periodo se destinaron a tal propósito 2 billones 88 mil 947 millones 742 mil 271 pesos del erario; es decir, 3.4 veces más que el saldo de 601 mil 341 millones de pesos vigente en 1999.
El crecimiento referido se refleja en el impacto del rescate bancario sobre las finanzas públicas: debido, ante todo, al incremento en las tasas de interés, el año entrante el costo de esta deuda pasará de 39 mil 641.7 millones de pesos desembolsados en 2018, a 51 mil 345.2 millones: un incremento de 29.5 por ciento en términos reales. La cantidad aisgnada supone 0.2 por ciento del producto interno bruto y casi uno por ciento del Presupuesto de Egresos aprobado para 2019.
Debe recordarse que a partir del canje de los pagarés del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) por los bonos de protección al ahorro en 2004, la refinanciación de la deuda quedó en manos de las mismas instituciones financieras que son beneficiarias de ella. Es decir, los bancos que reciben las transferencias realizadas, so pretexto de proteger a los ahorradores, cobran también los intereses producidos por los bonos gubernamentales emitidos para financiar el rescate, lo que supone un doble negocio para las entidades referidas, a la vez que un doble quebranto para la nación. Si se considera la magnitud de los montos transferidos a la banca privada, queda claro que en los hechos el pago del rescate y sus intereses ha supuesto una hipoteca para la economía mexicana y una renuncia a la inversión con un sentido social y productivo.
Es evidente que no se pueden hacer estimaciones contrafactuales, pero es imposible pasar por alto que hoy la realidad de millones de mexicanos podría ser sustancialmente mejor si el dinero público arrojado al barril sin fondo del rescate de la banca se hubiera canalizado a otros propósitos.
Tanto por su ilegitimidad de origen como por la absoluta imposibilidad práctica de cubrir el pasivo derivado del rescate bancario, es imperativo poner punto final a los lesivos pagos que año con año se realizan a expensas del desarrollo nacional y de las muchas y urgentes necesidades de los ciudadanos.
