Chilpancingo, Gro., Unos 200 integrantes de organizaciones sociales bloquearon durante dos horas la Autopista del Sol México-Acapulco en esta ciudad, en demanda de la libertad de 20 presos políticos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) y cinco del movimiento popular recluidos en el estado.

Entrevistados durante la ­protesta, Arturo Campos Herrera, ex convicto de la CRAC-PC, de la casa de Justicia de El Paraíso, muni­ci­pio de Ayutla de los Libres, en la Costa Chica, manifestó: Pedimos la li­bertad de los presos del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (también integrantes de la CRAC-PC), como el dirigente Marco Antonio Suástegui y Gonzalo Molina González, de la Casa de Justicia de El Fortín, en Tixtla.

Al bloqueo, en el sur de Chilpancingo, arribaron policías del estado y ministeriales, con armas de alto poder, afirmó el dirigente.

Una lideresa de la CRAC, que pidió el anonimato, recordó que mantienen comunicación con el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, quien nos recibió el 21 de diciembre en Ciudad de México y nos dijo que buscaría una reunión con el gobernador Héctor Astudillo, pero no nos atendió, por eso el bloqueo.

Aclaró que no rechazan la Ley de Amnistía; esa es decisión personal, pero no hay una liberación pronta y el proceso dura varios meses.

A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en octubre que el 1º de diciembre se liberaría a los presos políticos hasta hoy no lo ha hecho. Estamos aquí para que nos cumpla; son puras promesas de campaña.

Arnulfo Cerón, líder del Frente Popular de Tlapa (FPT), planteó dos posibilidades para liberar a los presos. Primero, que la fiscalía se de­sista de las denuncias o que se re­suelva un amparo que presentó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en Acapulco, porque la amnistía que está trabajando la senadora [Nestora Salgado] va para largo.

Manuel Olivares Hernández, director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos, consideró que la cifra real es de 60 presos políticos en la entidad, algunos tienen hasta 12 años presos.

En el caso de Gonzalo Molina debió haber salido desde hace varios meses, incluso jamás debió estar preso. Hay muchos grupos que se dicen policías comunitarios, que asesinan, saquean y bloquean en favor de los grupos delincuenciales.

La CRAC-PC de Tixtla expresó en un comunicado su apoyo a Molina, promotor de la policía comunitaria.