n el transcurso del presente siglo, dos gobiernos panistas y uno priísta presentaron en sociedad sus respectivos planes integrales en contra de las tomas clandestinas, la comercialización de combustible robado y, en fin, el huachicoleo, con el fin –según el discurso oficial– de acabar con esos ilícitos y detener la sangría que ellos causan al erario. Sin embargo, el negocio ha crecido como la espuma, toda vez que la mafia que lo controla y de él se beneficia incluye a políticos, funcionarios, empresarios, gasolineros, fuerzas de seguridad, narcotraficantes y personal de base (el que directamente perfora los ductos).

Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto presentaron sus respectivos planes integrales, que involucraban al Ejército, Marina, Policía Federal y PGR, amén del propio Pemex y las secretarías de Energía y de Hacienda. ¿Resultado? El número de tomas clandestinas se incrementó de unas cuentas decenas en 2003 a más de 15 mil en 2018.

Así, los planes integrales tuvieron dos resultados concretos: el sonado fracaso del gobierno en turno, asociado a la creciente cuan voluminosa pérdida para el erario, y el éxito rotundo para la mafia involucrada en el jugoso negocio del robo, distribución y comercialización de combustibles, el cual, como en los demás, no funcionaría ni prosperaría sin corrupción e impunidad.

Para dar una idea de lo efectivo que resultó el plan integral de Enrique Peña Nieto, tan sólo desde que lo anunció (5 de mayo de 2017) y –según él– puso en práctica, hasta el cierre de su mandato (noviembre de 2018) el número de tomas clandestinas sumó alrededor de 25 mil. Y el acumulado sexenal se aproxima a 50 mil.

Lo mejor del caso es que el ex secretario de Hacienda, José Antonio Meade, presumía buenos resultados en la estrategia contra el robo de combustible, pero lo cierto es que en el sexenio de EPN el número de tomas clandestinas se incrementó 760 por ciento (en el de Calderón 750 por ciento y en el de Fox alrededor de 300 por ciento).

Sirva lo anterior para entender la dimensión del problema, el tamaño del negocio y la desastrosa respuesta –por llamarle así– del Estado mexicano, en el entendido de que el éxito de una industria como la descrita resulta imposible sin la participación de funcionarios gubernamentales, corrupción e impunidad garantizada.

Pues bien, toca el turno al presidente López Obrador, quien el pasado jueves divulgó su plan urgente de combate al robo de combustibles y ofreció nuevos elementos: “Hay la hipótesis de que de todo el robo de combustible sólo 20 por ciento se da con la ordeña de ductos; era una especie de pantalla, pues la mayor parte tiene que ver con un plan que se opera con la complicidad de autoridades y una red de distribución. Entonces, hay huachicoleros de abajo y huachicoleros de arriba”.

Y más: desde hace tres sexenios se conocía el incremento sustancial del robo de combustible, que iba mucho más allá de la ordeña de ductos; se detectó que en las grandes obras realizadas por los contratistas en los pasados años había depósitos de combustible robado que se vendía.

Tan sólo en 2018, detalló, el robo de combustible representó una pérdida de 60 mil millones de pesos (156 mil millones en el último trienio); se robaron diariamente más de 600 pipas; “no estamos hablando sólo de huachicol, sino de un plan que tiene vinculación dentro del gobierno y que se apoya en un sistema de distribución de combustibles, porque no es fácil vender 600 pipas de gasolina al día”.

Por ello, dijo, con la participación del Ejército y la Marina ya se resguardan 58 instalaciones estratégicas de Petróleos Mexicanos (entre ellas seis refinerías, 30 terminales de abastecimiento y despacho, y 12 estaciones de rebombeo), se iniciaron procesos administrativos y penales contra una red interna de funcionarios, y en los siete días de operación (del plan urgente) se redujo 17 por ciento la ordeña de ductos.

Las rebanadas del pastel

Entonces, ¿la cuarta será la vencida?

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